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DISCURSO INAUGURAL DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DEL
DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, EN 1983

Honorable Congreso de la Nación:

Venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar: la política nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la educación, la salud pública, la justicia, las obras de infraestructura, los servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del pueblo, de los gobernantes y de los legisladores.

Pero queremos decir, también, que entre todas las áreas habrá un enlace profundo y fundamental: que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia: la rectitud de los procedimientos.

Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública.
Vamos a hacer un gobierno decente.
Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.

Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de construir la unión nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética.

Ese sentimiento ético, que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir, también, que el fin jamás justifica los medios.
Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano.
Pero nuestro compromiso está aquí, y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno de sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos.

Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes dos generaciones.
Como dijo Juan XXIII, más allá de eso no hay conclusiones seguras y los datos son demasiado inciertos u oscilantes, lo que puede justificar la investigación, pero no la acción política.

Si separamos a la política de su arraigo en el tiempo, impedimos que lleguen a la política los ecos del dolor humano. Ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual, garantizan un futuro feliz.
La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política.

Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres, y por mejorar a los hombres mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en la ciénaga del conformismo. Y toda inacción en política, como dijo el actual pontífice, sólo puede desarrollarse sobre el fondo de un gigantesco remordimiento. La acción, ya sabemos, no llevará a la perfección: La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones.

Pero nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento.
Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos.

Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas.

Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción.
La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales.
Por un lado, el protagonismo popular.
¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia?. La democracia será desde el primer momento, una fuerza movilizadora. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza. El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos.

Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. La lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas, en realidad, van juntas: no se puede luchar contra la corrupción, que está en las entrañas del régimen, sino a través del protagonismo popular, pero no se puede preservar el protagonismo popular sin sostener una política de principios, una ética que asegure su perduración.
¿De qué serviría el protagonismo popular, de qué serviría el sufragio, si luego los gobernantes, elegidos a través del voto, se dejaran corromper por los poderosos?.
El sufragio tiene diversos sentidos simultáneos. Por una parte, el voto implica la posibilidad de que gobierne el pueblo y de que el Estado sea independiente. Por otra parte, expresa la existencia de una regla para obtener legitimidad, ya que el pueblo no puede expresarse por sí mismo y el llamado espontaneismo nunca existe en la realidad. A través del sufragio, el pueblo tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes.

No puede elegirnos a través del motín. La violencia está inhabilitada para ser la forma permanente de manifestación del cambio.

Venimos de un movimiento que no luchó en 1890 para ser gobierno, porque eso hubiera implicado establecer el principio de que el poder, como decían los guerrilleristas de hace diez o doce años, estaba en la boca de los fusiles. Al gobierno no se lo podía elegir a través de un levantamiento, por popular que fuese. Se luchó para que hubiese elecciones libres.

La creencia en los métodos violentos para tomar el poder y ejercerlo implica que son razonables los puntos de vista de quienes manejan mejor las armas, o de quienes están más armados. Ese concepto fue objetado ya desde 1890, y fue objetado en medio de una revolución. La violencia era el régimen, y esa violencia del régimen no debía ser reemplazada por otra de distinto signo, sino por el sufragio.

Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población considerada a sí misma como población combatiente, eligiera al gobierno en reemplazo del pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho a elegir el gobierno, pero sólo para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esa distinción rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión. Pero debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas, también, por minorías armadas, que reemplazan la ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso, señalamos categóricamente que combatimos el método violento de las élites, derechistas o izquierdistas.

En un contexto internacional cada vez más interdependiente, el sufragio garantiza la inserción de la Argentina en el mundo como nación independiente, mientras que la violencia de uno u otro signo impide la inserción del país en el mundo o lo convierte en teatro de operaciones donde los actores pierden su propia iniciativa y el Estado en consecuencia, pierde su independencia, arriesgando que el gobierno emergente de esa lucha no sería ya decidido por la población sino por el acuerdo o desacuerdo en la mesa de negociaciones de las superpotencias.

Además, la fuerza pura carece de capacidad para engendrar legitimidad, y por eso las dictaduras de derecha, aunque apoyadas por algunos capitales monopólicos, terminan aisladas también del mundo y se condenan inevitablemente al fracaso.

El método violento de las élites de derecha o de izquierda se justifica a sí mismo con el triunfo definitivo y final, absoluto, de una ideología sobre otra y de una clase sobre otra.

La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad.

El voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros y también en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por un grupo armado, cualquiera sea la excusa con que se apodere de los resortes básicos de una comunidad.

El sufragio, por definición, constituye un limite para los sectores privilegiados y, como instrumento de las mayorías, tiende a lograr una mayor justicia distributiva.

El sufragio hace posible la resolución pacífica de las controversias en la sociedad y, al proveer de la única legitimidad pensable al Estado, favorece la continuidad de las instituciones republicanas y de las doctrinas en que ellas se asientan.

La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia y desorden.

Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la Constitución y la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la Constitución y la ley.

Honorable Congreso:

La voluntad del pueblo, a través de sus representantes, se hace presente hoy en este augusto recinto par dar testimonio de que se inicia en estos instantes una nueva etapa de nuestra vida nacional.

La noción de ser protagonistas de este nuevo comienzo, que será definitivo, nos inspira a todos un sentimiento de responsabilidad acorde con el esfuerzo que hoy emprendemos juntos, y nos infunde el valor para afrontar un conjunto de dificultades muy graves que acosan a nuestra patria.

Esas dificultades son múltiples e inmensas, bien lo sabemos, pero vamos a salir adelante, con la fe y el empuje necesarios, porque tenemos sin duda los recursos, la voluntad y el coraje. Y sobre todo, porque en este empeño estamos todos unidos.

Al traer en este acto solemne la palabra del Poder Ejecutivo, invocando la legitimidad de nuestra investidura constitucional, que es la única fuerza indiscutible con que puede respaldarse la autoridad ante un pueblo que es libre y ha sabido demostrarlo, venimos a enunciar, muy someramente, nuestro programa de acción inmediata y nuestros principales objetivos, contenidos en una clara plataforma política que la mayoría del país ha hecho suya.
A vuestra honorabilidad, como titular del Poder Legislativo de la Nación y representación fiel de la opinión popular, compete a partir de ahora la tarea superior de dar al país los instrumentos legales para la realización de las "reformas prometidas" a que alude, con visionaria anticipación histórica, el artículo 88, inciso 11, de la Constitución Nacional.
El Estado en que las autoridades constitucionales reciben el país deplorable y, en algunos aspectos, catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamente el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de origen muchas veces inexplicable, que compromete gran parte de los recursos nacionales para un largo futuro, con una inflación desbordada cuyos efectos son una verdadera afrenta para los hombres que producen y trabajan, con un clima de arbitrariedad, atropello e incertidumbre creado por la absurda pretensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relegadas a un segundo plano y consiguientemente convertidas en privilegio de los menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que ahora vienen a depositarse en nuestras manos; con la carga afligente de todos esos males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien conocida, tendremos que enfrentarnos, a partir de hoy, no sólo a la tarea de corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos. Y lo hacemos, desde luego, juntos y unidos en esa decisión reparadora que todos compartimos.
Esa decisión, repito, que tiene que ser, que ya es, el motor que impulsa nuestra marcha hacia delante. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Si algo podemos prometer hoy, sin temor a errar, es que esa voluntad, tan firme y tan constante como las circunstancias lo requieran, no habrá de faltarnos nunca.

Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del sufragio.

Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia - toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales -, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.

Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país.
Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del estado de derecho y de las libertades públicas y quiere decir, también, que los ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades.

En la Argentina existió una larga tradición de libertades públicas, oscurecida durante los últimos años por la arbitrariedad y la irracionalidad.

Esto llevó al miedo, a la indiferencia producida por ese miedo, a la ausencia de participación de los argentinos en los problemas de los argentinos, a la falta de renovación en las personas, a la asfixia de la imaginación.

La teoría de la seguridad fue esgrimida para evitar la vida libre, sincera, franca y espontánea de nuestra gente.

La aceptación de esa teoría implicó el pago de un precio muy alto por una seguridad que jamás puede alcanzarse sin la participación popular, aún a costa del desorden de superficie. Hemos vivido, así, bajo el pretexto de la seguridad, en una inseguridad monstruosa y bajo el predominio de las ideas que privilegiaban a la autoridad en una virtual acefalía del gobierno, en una feudalización del poder, en una increíble confusión sobre los roles que correspondían a cada uno de los engranajes del Estado.

La seguridad, sin libertad, pierde todo su contenido. Los argentinos no se sentían seguros y sabían que podían ser detenidos, o aun sufrir peor suerte, sin posibilidad alguna de defenderse.
Los órganos supremos del Estado dividiéndose entre sus componentes, agrupándose, disolviéndose o reapareciendo sucesivamente; los argentinos expuestos a la muerte o muriendo efectivamente sin participar de ninguna de las decisiones; todo eso era lo contrario de la verdadera seguridad, que se nutre de la libertad y de la responsabilidad.

Nuestra filosofía se basa en ideas distintas: la seguridad del Estado no puede sostenerse sobre la inseguridad de la comunidad nacional. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente las instituciones naturales, modernas y eficientes de la justicia y de los organismos que deben servirla en el marco de la legitimidad se hagan cargo de los complejos problemas de la sociedad moderna, problemas cuya gravedad no se nos escapa.

El pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno de los actos que influyen sobre el conjunto social. Las libertades concretas implican libertades sociales, acceso a la educación, posibilidad de justicia igualitaria, derecho a la salud, resguardo de su intimidad y también, por supuesto, derecho al orden que el gobierno democrático garantizará con los medios que las leyes ponen en sus manos.

El país ha vivido frecuentemente en tensiones que finalmente derivaron en la violencia espasmódica del terrorismo subversivo y una represión indiscriminada con su secuencia de muertos y desaparecidos.

La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado profundas heridas en la sociedad argentina.
La manera de restañar esas heridas no puede girar en torno a venganzas o resentimientos que serían innobles en sí mismos, cuando no inmorales en muchos casos, en cuanto pudieran comprometer al destino del país en estériles fijaciones sobre el pasado. Pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación, actuando como si aquí no hubiera ocurrido nada.

Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables.
La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento.

Más allá de las sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas.

Esto no exime de tremendas responsabilidades al terrorismo subversivo, que debió haber sido combatido con los medios que la civilización actual pone en manos del Estado y no a través del empleo de medios similares a los condenados por el conjunto de la comunidad nacional.

Vamos a emplear la sensatez, los métodos correctos y los sanos principios.

Ellos nos harán fuertes, demostrarán al mundo que en la Argentina existe una democracia que no está dispuesta a renunciar a sus razones de ser.

Si, por una hipótesis, se abandonara el camino de la ley, quienes lograran ese propósito tendrían un éxito político inicial con qué contar.

No se puede vencer en el terreno de la fuerza si se carece de la razón. Nosotros queremos tener razón para ser fuertes.

En la vida democrática, los ciudadanos tendrán la tranquilidad que necesitan. La democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquél asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos.

La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo.

Estamos cargados de ideales y de sueños que vamos a realizar en forma honesta y razonable. Contamos con la amplia y comprensiva disposición al diálogo de la oposición, que está demostrando desde ahora la generosidad y patriotismo con que, a través de la crítica, colaborará en la consolidación del proyecto democrático. Ese espíritu de unidad nacional que hace vibrar a todo el país no excluirá, sin duda, tempestuosos debates y agrios enfrentamientos de coyuntura que nutrirán al estilo republicano triunfante ya en el país.

El diálogo, para ser efectivo, será un diálogo real que presupondrá el reconocimiento de que no tenemos toda la verdad, de que muchas veces habremos de equivocarnos y que hemos de cometer errores humanos.

¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas?. ¿Para qué rectificaríamos conductas si no pensáramos que ellas pueden ser equivocadas en algunos casos?.
El país está enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo la existencia de falsos diálogos, que, aun con la buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir ideas ajenas y modificar las propias.

El diálogo no es nunca la sumatoria de diversos monólogos sino que presupone una actitud creadora e imaginativa por parte de cada uno de los interlocutores.

El gobierno nacional incita a lleva a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización sobre la base de una acción renovada de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, en forma de permitir que los sistemas de fuerzas que anidan en la sociedad argentina se articulen en una convivencia pacífica y creadora.

La democracia no se establece solamente a través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos.

La democracia necesitará que el conjunto de la sociedad exprese aún las temáticas específicas desde el compromiso representativo y republicano.

No desconocemos la existencia de instituciones cuya tremenda trascendencia espiritual orienta la vida cotidiana de millones de argentinos, ni la existencia de asociaciones intermedias. Unas y otras podrán colaborar en el gran debate nacional como partícipes de la forma de vida democrática, sin que se descarte la existencia de nuevos canales para expresar la compleja realidad de nuestro tiempo, pero en el reconocimiento, siempre, de que los objetivos de la Nación, a través de sus representantes, y no de acuerdos dominantes o corporativos entre sectores, realizados con prescindencia de las legítimas representaciones o, aún, como ha ocurrido en este país, en contra de las legítimas representaciones.
Si sabemos orquestar la ponderada y equilibrada conjunción de tales manifestaciones y atender a las legítimas preferencias que profesa una Argentina integrada y viva, sin compartimientos estancos, sin partes invisibles o secretas, iremos configurando un Estado dinámico, eficaz y sano, nutrido por una comunidad libre y creativa.

Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante.

Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos.

Habrá libertad en la Argentina, y habrá también orden. El orden presupone el rechazo de las violencias particulares, pero no solamente de la violencia terrorista sino también de la violencia que se perpetra sobre el alma de los argentinos para tratar de empujarlos hacia las ideas autocomplacientes y decadentes.

El gobierno democrático también impulsará una vigencia efectiva del federalismo constitucional.

Nuestra Ley Fundamental estableció un sistema de poderes articulado en torno a un Poder Ejecutivo fuerte compensado por un Poder Judicial también fuerte e independiente y un Poder Legislativo con representación activa del pueblo y de las provincias.

Sin embargo, el federalismo fue reemplazado parcialmente - y no solamente bajo gobiernos de facto - por un centralismo absorbente y muchas veces irracional aun desde el punto de vista de sus propios fines.

Ese centralismo fue succionando desde las migraciones interiores hasta los contenidos económicos pasando por un verdadero arrasamiento cultural del interior y llevando a la constante deformación de la vida nacional.

Esa tendencia debe ser revertida a través de una sincera lealtad para con las distintas regiones del país.

Las provincias volverán a asumir su histórico papel fundador de la nacionalidad, despolarizando el desarrollo hasta convertirlo en razonablemente homogéneo, de acuerdo a las necesidades y características de cada zona geográfica de la República pero siempre en forma tal que no existan más beneficiados por los avances de la civilización en una zona y olvidados del destino en la otra.

Esto implicará una nueva dignidad en el pacto federal. Las provincias no necesitarán más asumir tácticas que muchas veces implicaron la aceptación del predominio de las grandes ciudades portuarias. La existencia de provincias fuertes, seguras de sus propios méritos, es también indispensable para la vida en condiciones justas.

El gobierno democrático cumplirá con la obligación constitucional de informar al pueblo sobre lo que ocurre en el país.
El cumplimiento de esa obligación constitucional implica que la oficialización de la mentira, de los secretos inútiles y de las verdades a medias ha terminado en la Argentina.

Todos los habitantes de esta República podrán saber lo que ocurre, sin que la información vuelva a ser jamás reemplazada por una guerra psicológica que se perpetró contra el pueblo argentino, generando una verdadera muralla de incomunicación entre los gobernantes y los gobernados e impidieron así la realimentación de un circuito que sirve a la gente común, con derecho para juzgar y opinar, pero que también sirve a las mismas autoridades.

En la administración de los medios transitoria o definitivamente en manos del Estado, así como en la administración de la agencia oficial de noticias, existirá juego limpio; los instrumentos del Estado no son propiedad privada de los gobernantes ni de un partido, sino de todos los argentinos.

A través de esos medios, así, se expresará la natural pluralidad de la república democrática, a través de todos sus matices.

Terminó la confusión entre organismos oficiales, o momentáneamente intervenidos por el gobierno y organismos oficialistas. A través de todas las vías en que pueda influir, el gobierno transmitirá la natural diversidad de opiniones de los ciudadanos, sin cesuras ideológicas y sin discriminaciones.

Y esta decisión de cumplir con nuestro deber, como corresponde, se fundamenta también en razones prácticas; en primer lugar, nosotros mismos necesitamos de la constante realimentación del circuito informativo para saber en cada momento cómo reaccionan los distintos sectores de la opinión pública; en segundo lugar, porque la razón de ser de un gobierno constitucional y democrático implica el reconocimiento de la diversidad. Si negáramos u ocultáramos esa diversidad, negaríamos u ocultaríamos nuestras razones de vivir y de luchar.

El ciudadano común percibirá, de la mañana a la noche, la diferencia entre el autoritarismo y la democracia. Puedo asegurar que seremos totalmente honestos, desde el punto de vista intelectual, en la administración de los medios de comunicación en manos del Estado y que ellos serán conducidos no solamente con limpieza administrativa sin o con limpieza política, de modo que nunca más alguien tenga que rechazar o subvalorizar una noticia por provenir de un canal oficial y que nunca más nadie pueda suponer que se retacea la información completa a que tienen derecho.

El ejercicio de la libertad será también didáctico, otorgando razones para que los argentinos se sientan coparticipes responsables de la vida de su país y puedan, así, imaginar nuevas soluciones, nuevos caminos, corrigiendo, proponiendo o estimulándolos.

PLANIFICACION DEMOCRATICA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Frente a la nueva coyuntura que vive el país, afirmamos nuestra convicción de superar los desaciertos y las inequidades del pasado, a la vez que la decisión de construir, con la colaboración de todos un futuro para la Nación Argentina.
El país atraviesa un momento crucial de su historia nacional: la línea divisoria que separa una etapa de decadencia y disgregación de un porvenir de progreso y bienestar en el marco de la democracia. El restablecimiento del imperio de la ley debe redoblar nuestros esfuerzos para enfrentar creativamente los problemas del ahora. El desafío que tenemos por delante es grande; convertir la emergencia en la que nos encontramos en la oportunidad para reanimar las potencialidades de la sociedad, durante tanto tiempo sofocadas bajo el peso del autoritarismo.

Con la supresión de los obstáculos a la libertad y la participación, con la reactivación de la voluntad de cambio y superación, seremos los argentinos los que retomemos el control sobre nuestro propio destino a través de un diálogo constructivo.
De la firmeza en los propósitos, de la claridad en los objetivos, de la cohesión con la que nos sumemos a la empresa común, dependerá nuestra capacidad para afrontar la pesada herencia de un poder autoritario y de una crisis económica de magnitudes inéditas.
Para contribuir a la tarea en la que se juega nuestro futuro como Nación pluralista, solidaria e independiente, levantamos nuestra concepción de una planificación democrática como instrumento adecuado. Ante las urgencias del momento actual y la necesidad de retomar el camino del progreso y el bienestar en preciso racionalizar el uso de recursos escasos, establecer las metas prioritarias, escoger entre las diversas opciones con el fin de sortear con éxito un contexto adverso, tanto en el plano interno como en el plano externo.
La planificación democrática es un instrumento de carácter político. A través de ella, es la propia sociedad la que se guía a sí misma y define los caminos a seguir, sin tutelas autoritarias, en el ámbito de la participación de sus instituciones representativas. La concepción que inspira a la planificación democrática es la de un Estado que no busca sustituir a la sociedad sino interpreta sus anhelos, tal como se forman en los debates públicos mediante los que ella toma conciencia de sus aspiraciones y sus posibilidades y realiza sus opciones. Por ello, la planificación democrática no es un dispositivo centralizado y rígido. Antes bien, es un proceso abierto y continuamente renovado de adaptación al cambio en los recursos y las necesidades de la sociedad, dentro de las orientaciones permanentes de libertad, justicia social y soberanía.
En ese proceso, la tarea de los órganos de planificación del Estado es la elaboración de una imagen coherente que incorpore y sintetice las demandas colectivas, proyectándolas en una perspectiva de futuro. La finalidad del plan es doble. Por un lado, servir a la formulación de políticas públicas y otorgar transparencia a los actos de gobierno, de manera que la ciudadanía disponga de información para evaluar su gestión. Por otro, contribuir a movilizar el apoyo solidario de los diversos grupos sociales al esfuerzo que plantean las dificultades del presente y la construcción de un orden económico y social que garantice el crecimiento, el acceso de la población a los bienes públicos y la autonomía de decisión nacional. En este sentido, el plan habrá de fijar los lineamientos generales, preservando el margen de flexibilidad adecuado para que los órganos de gobierno y las instituciones representativas intervengan y decidan su implementación. El eficaz desempeño de la administración pública será indispensable para consolidar definitivamente la estabilidad del régimen republicano y la alternancia pacífica de gobiernos civiles y democráticos.

Para ello debe redefinirse el papel del Estado, que ha sido profundamente cuestionado y subvertido en estos últimos años. Tras el disfraz de un neoliberalismo eficientista, se forzó a la administración pública a ser cómplice de una intensa política intervencionista. Se agravó de este modo la tendencia a la concentración de ingresos y poder en beneficio de la minoría especuladora y agresiva que manipuló permanentemente al Estado, violentando para ello las preferencias profundas de sus cuadros.

No se trata entonces de apelar a paliativos ni a meros cambios organizativos o de procedimientos para resolver los problemas de nuestra administración pública. Tampoco puede guardarse silencio frente a la hondura de la angustia y el autocuestionamiento de sus cuadros mejor inspirados. Lo que se requiere es una profunda transformación que incluya la redefinición del papel del Estado, el establecimiento definitivo de una carrera administrativa y la puesta en marcha de un serio y prolongado proceso de reforma del aparato estatal que no sólo acompañe la democratización de la vida política del país sino que, además, profundice el cause democrático e impulse el desarrollo.

Es a partir de estas premisas, y concretando lo estipulado en nuestra plataforma electoral, que hemos creado en el ámbito de la Presidencia de la Nación la Secretaría de la Función Pública, organismo responsable de la promoción, gestión y seguimiento de las acciones orientadas a la transformación del Estado, a cuya actividad asignamos la mayor importancia.

EDUCACION

El gobierno constitucional se ha propuesto, en otro de los campos que considera fundamentales para su acción reparadora, desarrollar una política educativa de clara inspiración nacional y democrática, basada en el concepto esencial de que el hombre es el gran protagonista y el destinatario final de todo el proceso formativo que se inicia en la niñez y culmina con la capacitación laboral y profesional y el acceso a las manifestaciones superiores de la cultura. La libertad, la dignidad de la persona humana, el genuino pluralismo de una convivencia sin discriminaciones ni opresiones son los valores centrales de ese proceso. Así, y particularmente en una nación como la nuestra, integrada por mujeres y hombres de distintos orígenes ancestrales pero unidos por una misma vocación nacional que se asienta en el común amor a la tierra compartida y en la participación libre en instituciones y modos de gobierno igualmente libres, la educación se constituye a la vez en una institución pública y un servicio social, que el Estado sostiene y presta a todos, con la colaboración de las instituciones que aportan su propio sistema educativo a través del pleno ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender.
En lo que atañe a la función del Estado, reafirmamos los principios tradicionales de la enseñanza pública argentina, que ha de ser gratuita y obligatoria en los niveles de preparación básica, e inspirada en un claro propósito asistencial, de acuerdo con los lineamientos trazados un siglo atrás por la ley 1.420. Hoy, a la luz de los nuevos tiempos, auspiciaremos la incorporación al sistema de la educación preprimaria y la obligatoriedad progresiva de la enseñanza media. Además, tenemos muy en cuenta el valor esencial del docente como ejecutor de esta alta misión social, y no sólo nos proponemos garantizarle remuneraciones decorosas y régimen de tareas racional y adecuado sino también plena libertad intelectual y cívica, desterrando para siempre toda discriminación o persecución arbitraria. Los maestros para la libertad deben ser los primeros depositarios y realizadores de los valores de la libertad.
Es obvio que nuestra preocupación se dirigirá ante todo a reconstruir la escuela primaria, dotándola de los recursos indispensables para su correcto funcionamiento y estimulando su acción pedagógica y social por todos los medios.

El mismo criterio, con la adecuación correspondiente a las distintas modalidades y necesidades, inspirará nuestra acción en el nivel medio, donde además eliminaremos las trabas a la libre agremiación estudiantil, modernizaremos los programas ampliando los planes con salida laboral, y apoyaremos la acción de los docentes, facilitándoles su agremiación profesional, su participación cultural y la racionalización de sus sistemas de trabajo, tendiendo a la implantación del cargo de tiempo completo y de tiempo parcial.

Consideramos a la universidad como un órgano fundamental para la formación de una conciencia democrática y social en el país. Esta misión, de tan clara significación para la nacionalidad, debe cumplirla a la vez que ejerce su alto ministerio cultural e intelectual de centro de estudios, superiores y escuela de capacitación técnica y profesional.
Para el gobierno de la universidad, hemos sostenido permanentemente los principios de la Reforma Universitaria iniciada en 1918, a los cuales adherimos con la convicción más absoluta de su constante e histórica vigencia. Los instrumentos legales que proyectaremos para poner en ejecución este compromiso, adquirido hace muchos años, se inspirarán en esos indeclinables principios y en las mejores experiencias argentinas de su aplicación.
Retornaremos así a la idea ejemplificadora de que la universidad debe tener como objetivo formar hombres y mujeres al servicio de la Nación y no tecnócratas encasillados en sus profesiones.

No haremos ahora otra vez el penoso inventario de los males que ha padecido la universidad argentina en los años recientes. Sólo aseguramos que les pondremos inmediato remedio, implantando un régimen de gobierno y administración de las casas de estudio que se apoye en los principios reformistas de la conducción tripartita, el diálogo entre los claustros y, dentro de cada uno de éstos, el coloquio intelectual dinámico y fecundo y la democratización integral del sistema. A su tiempo y en este marco conceptual y ético, la universidad misma, operando con los instrumentos de su autarquía administrativa y su autonomía académica, reorganizará sus cuadros docentes mediante limpios concursos de antecedentes y oposición, con preeminencia de este último método, jerarquizará y modernizará sus actividades y se abrirá definitivamente a todos los jóvenes capaces, de todas las extracciones sociales, cuyo ingreso no se trabará con cupos ni restricciones arbitrarias. La vocación científica, el estudio serio, la adquisición de las idoneidades profesionales, se desarrollarán con libertad y dignidad en la nueva universidad argentina. Esa nueva universidad, libre, autónoma, creadora y hondamente convencida de su responsabilidad nacional, está convocada desde ya a integrarse enérgicamente en el magno esfuerzo que todos los argentinos emprendemos hoy para reconstruir las instituciones democráticas, poner en marcha el trabajo productivo, asegurar el bienestar del pueblo y cimentar la grandeza de la patria al amparo seguro de nuestra Constitución histórica.

Nuestro tiempo exige, por otra parte, que los gobiernos atiendan como asunto de primordial relevancia el desarrollo del saber científico puro y de sus aplicaciones tecnológicas. Para encauzar esta acción impostergable, hemos creado la Secretaría de Estado Ciencia y Técnica, que coordinará estas actividades en el Estado y en otros sectores, con el fin de utilizar e incrementar en grado óptimo el patrimonio nacional constituido por las inteligencias y los conocimientos de millares de especialistas, muchos de los cuales se encuentran actualmente radicados en el exterior por falta de oportunidades intelectuales en el país o para eludir absurdas discriminaciones.

No sólo estimularemos con todos los recursos disponibles las tareas de nuestros sabios e investigadores, sino que corregiremos definitivamente las prácticas discriminatorias del pasado. A ejemplo de los países más avanzados y libres del mundo, en la selección y formación de recursos humanos dedicados a la labor científico-técnica sólo se atenderá a la idoneidad y la capacidad profesional.

Otra preocupación básica será la de coordinar trabajos, investigaciones y programas científicos entre los diversos centros e instituciones del país, incluidas las universidades, promoviendo a la vez el intercambio tecnológico con los países latinoamericanos y del mundo en desarrollo, y el diálogo igualitario y práctico con los países de mayor adelanto en estas disciplinas, sin comprometer la capacidad autónoma de decisión nacional en cuanto a la adquisición o desarrollo de tecnologías.
La definitiva independencia de nuestro país sólo podrá lograrse cuando nuestro pueblo, en pleno ejercicio de su libertad, descubra su cultura, redescubriendo y reformulando su identidad nacional. En las últimas décadas, salvo breves oasis de libertad, la cultura argentina ha vivido cubierta bajo el imperio de la coacción, el elitismo y la uniformidad ideológica. Los gobiernos autoritarios extremaron la censura y la represión de nuestra sociedad, instituyeron el miedo, el silencio y la frivolidad, y acentuaron la desnacionalización de la cultura. Nuestro propósito es promover una acción descubridora, transformadora y reparadora que fortalezca una cultura popular, nacional y democrática. Así entendida, la cultura estará dirigida al conjunto del pueblo, en pleno respeto federal por el desarrollo de las culturas regionales, y no sólo a minorías supuestamente ilustradas.

El concepto de cultura nacional disuelve la disyuntiva entre cultura superior y cultura popular. Por eso el Estado promoverá, pero no determinará, las características de la cultura que estará al servicio de la identidad personal y nacional, y procurará ser un instrumento para la descentralización del poder.

No hay plenitud cultural en medio de la pobreza, la desposesión y el abandono del pueblo. No hay tampoco políticas culturales válidas si no se las articula coherentemente con la política educativa del Estado. Cultura y educación se realimentan constantemente.

Nuestro gobierno promoverá, pues, las actividades culturales, apoyará sistemáticamente su libre desarrollo e impulsará su proyección en el plano interno y externo, por considerarlo de interés nacional.

Todo esto se llevará a cabo disponiendo que todas las áreas y entes culturales sean dirigidos por expertos y profesionales de cada disciplina. Implementando un conjunto de medidas que salvaguarden los derechos del trabajador de la cultura en todos los órdenes (asistenciales, previsionales, intelectuales, etc.). Queda sobreentendido que también regirá la más absoluta libertad en el plano de las manifestaciones culturales, cuyo desarrollo sin trabas apoyaremos con entusiasmo, favoreciendo la proyección de las creaciones del espíritu nacional más allá de nuestras fronteras, en América Latina y en todo el mundo, con un claro sentido de recíproca apertura hacia las corrientes intelectuales y estéticas que van reflejando día a día la gran aventura cultural de la humanidad. En ningún caso, la acción del Estado en este campo implicará interferencias ni presiones ideológicas. Estamos convencidos de que sólo en libertad vive la cultura.

En esta Argentina democrática que hoy da sus primeros pasos, no habrá privilegios oficiales para determinadas tendencias o grupos, ni mucho menos "listas negras" u otras formas equivalentes de exclusión por motivos relacionados con la subjetividad de las ideas o con la trayectoria política de las personas. Damos por reiterados, en esta ocasión, los conceptos y propuestas ampliamente enunciados en la plataforma electoral que en su momento sometimos al juicio de la ciudadanía, y adelantamos nuestra decisión de llevar adelante todos los proyectos de apoyo allí esbozados para las tareas intelectuales, artísticas y culturales, y en particular para las que expresen contenidos nacionales y procuren aproximar a todos los sectores del pueblo al goce de las obras más calificadas del espíritu.

TRABAJO Y ACCION SOCIAL

El objetivo fundamental de lograr la plena democratización de la sociedad argentina habrá de encontrar expresiones de singular trascendencia en el campo laboral y social. Hemos sostenido reiteradamente que no hay democracia posible sin sindicatos fuertes, representativos y democráticos en su funcionamiento y constitución.

Nos proponemos dar a esta propuesta toda la importancia que tiene para nuestro tiempo y para el futuro del país.

La situación que recibimos se caracteriza por la prolongada paralización de la actividad sindical, tanto en lo interno como en la defensa adecuada de los intereses de los trabajadores.

Los efectos de las medidas de suspensión de esa actividad tomadas a partir de 1976, han sido nefastos en lo social, en lo económico y en el plano simplemente humano de la preservación de las condiciones más elementales de vida de vastos sectores de la población.

Lo inmediato es combatir el empobrecimiento colectivo del sector asalariado. Para ello, hay que restablecer la función primordial del sindicato, asegurando que éste sea realmente representativo y vigoroso, con aptitud para una participación creciente en las decisiones básicas del mundo económico a través de la concertación con el sector empresario, tanto en el estudio de los problemas comunes a todos los protagonistas de la producción, como en la determinación periódica, de salarios y condiciones de trabajo por el mecanismo insustituible de las negociaciones y convenciones colectivas.

Condición inexcusable para esos objetivos es garantizar la esencia democrática de la organización sindical en todos sus niveles. Los trabajadores argentinos consideran que el sindicato único por actividad es el instrumento más adecuado para la defensa de sus intereses profesionales. Compartimos esa preferencia, y afirmamos que el sindicato con representatividad gremial debe ser además económicamente poderoso e institucionalmente orgánico, sobre la base de una genuina democracia interna. La política partidista no está vedada, desde luego, a los dirigentes y militantes sindicales. Todo lo contrario; el trabajador agremiado siempre es, ante todo, un ciudadano con opiniones y convicciones libres y respetables. El sindicato como tal, en cambio, dado que representa a todo el gremio, debe ser ajeno a definiciones de partido. Será el hogar común de todos los trabajadores, sin discriminaciones políticas ni de ningún otro orden.

Debemos ayudar a nacer al nuevo sindicato, que tendrá poderío material y económico, pero deberá tener, fundamentalmente, contenido humano.

El nuevo sindicato debe organizarse de abajo hacia arriba, afirmando sus raíces en las bases y en el interior de la República. Será un sindicato cuyos dirigentes surgirán como expresión genuina de las bases, sin las deformaciones que, históricamente ha producido la intromisión del Estado, de los partidos o de los empresarios; cuyos procesos electorales serán controlados por el Poder Judicial, que garantizará su corrección; ampliamente participativo, con expresión adecuada de las minorías y en el que no se admita ninguna actitud discriminatoria de carácter político, racial o religioso.

Afirmamos desde ya que el sindicato que haga política partidaria o de comité no tendrá personería gremial. La perderá en la instancia administrativa, y además estará siempre abierta la instancia judicial para corregir las desviaciones o discriminaciones que pudiera incurrir alguna mayoría circunstancial.

Así será el nuevo sindicato argentino, cuya gravitante participación contribuirá a crear una sociedad industrial desarrollada, asentada en bases incuestionablemente democráticas. Para asegurar su nacimiento y consolidación, oportunamente enviaremos a vuestra honorabilidad los proyectos de ley destinados a lograr su finalidad.
En el ámbito de la seguridad social, se tratará de restablecer gradualmente la autonomía financiera del sistema, con plena conciencia de que cualquier propósito de mejorarlo para que satisfaga las verdaderas necesidades de jubilados y pensionados se integra forzosamente en el marco general de la rehabilitación económica del país.

Mientras tanto, se preservará el monto real de las prestaciones, se trabajará para impedir la evasión de aportes, se humanizará en la más amplia medida la gestión administrativa de los servicios, se actualizarán las asignaciones familiares y se iniciará la codificación de las normas. Paralelamente, en el área de Acción Social, se llevará adelante una dinámica política de construcción y financiación de viviendas. Ya hemos señalado que este programa, esencial como prioridad inmediata de nuestro gobierno, persigue el doble objetivo de proporcionar a la vez techo y trabajo. Esto supone que se atenderán en primer término las necesidades de los sectores de menores recursos, y que para alguno de éstos será preciso acudir al crédito subsidiado.
Se contempla partir de una asignación de recursos del orden del 3,5 por ciento del producto bruto interno, para aumentarla gradualmente hasta el 5 por ciento. Al mismo tiempo, en la planificación de barrios y asentamientos, se tendrá muy en cuenta la necesidad de dotarlos de la infraestructura de servicios públicos acorde con las exigencias de una vida urbana decorosa. Las primeras estimaciones de los expertos que nos asesoran en esta materia indican que durante todo el período constitucional se podrán iniciar entre ochocientas mil y novecientas mil unidades de vivienda, con una habilitación total, al término del mandato, de un millón doscientas mil unidades, a las que se sumarán otras doscientas cuarenta mil como aporte del sector privado. Para 1984 se previsto iniciar cincuenta mil viviendas mediante la acción directa del Estado y otras treinta mil a través del otorgamiento de créditos. Ese ritmo aumentará paulatinamente en los años siguientes.

En el campo de la salud, democracia quiere decir principalmente dos cosas, para nosotros hacer realmente equitativas las posibilidades de acceso a la mejor calidad de servicio de salud que nuestro país pueda ofrecer a sus pueblo y, por otra parte, garantizar una amplia participación popular y de los diversos sectores de interés en la programación y desarrollo de las actividades necesarias.

Superar las actuales desigualdades y discriminaciones exige una efectiva unidad de conducción política en el sistema de salud, condición necesaria, aunque no suficiente, para orientar la acción del Estado, las obras sociales y el área privada hacia el común objetivo social que deben cumplir.

Es por ello que hemos unificado las responsabilidades del gobierno nacional en este campo dentro de una solo ministerio, encargado de orientar a los sectores hacia una paulatina integración que haga real la búsqueda de igualdad de oportunidades.
Por otra parte, otorgaremos prioridad absoluta al desarrollo de los servicios básicos y más sencillos de la salud, que se encaminan a enfrentar las necesidades más difundidas y afligentes de nuestro pueblo, prioridad que se ha visto postergada por una visión a veces distorsionada por intereses comerciales, y otras simplemente por el afán imitativo de los vicios propios de los países más desarrollados.

Este énfasis en los servicios primordiales - preventivos, de diagnóstico y tratamiento precoz, educativos - habrá de complementarse con una decidida reactivación y modernización hospitalaria que promueva, además, su paulatina integración funcional con las obras sociales.

Simultáneamente, habremos de incluir, a través de la capacidad de contratación de estas últimas, un integral aprovechamiento de los recursos asistenciales del sector privado, buscando el punto de armonía entre sus legítimas expectativas y el interés social involucrado.

Tema central en este camino de transformaciones será una indispensable regulación de la incorporación y uso de la amplia gama de tecnologías destinadas al campo de la medicina humana desde el aparato hasta el medicamento, bienes todos ellos de carácter social que no pueden incluirse en las reglas de juego del libre mercado.

Con relación al medicamento es nuestra decisión encarar una política de fabricación nacional de buena parte de las drogas fundamentales, revirtiendo la tendencia de estos años de retroceso y disminuyendo nuestra dependencia en este campo. Los incentivos necesarios para desencadenar este proceso deben acompañarse del requisito de redimensionar el mercado de una gama de productos finales científicamente justificables, así como obtener un nivel de precios sustentado en márgenes justos de ganancia que no se contrapongan al interés social.

En la emergencia de la primera etapa nos preocupará, sobre todo, la obtención de los medicamentos indispensables para asistir a los sectores más castigados por la crisis nacional, hoy marginados del acceso a este bien fundamental.

No queremos una atención de la salud para los pobres y otra para sectores más favorecidos. Debemos por lo tanto profundizar el ejercicio de la solidaridad nacional, dentro de la amplia concepción de la seguridad social expresada en el artículo 14 bis de nuestra Ley Fundamental. Por ello una decidida participación del Estado, junto a los trabajadores, en la gestión de las obras sociales, encuadrará su acción dentro de una política nacional de la salud unificada y coherente, garantizando además el uso irreprochable de sus recursos para los solidarios a que están destinados.

Requisito indispensable para alcanzar muchas de nuestras metas en la salud en el ordenamiento y jerarquización de las profesiones y tareas técnicas que se cumplen en esta área. El reconocimiento y estímulo a la mayor capacitación, la exclusión de toda forma de discriminación en los cargos, la adecuada retribución al trabajo intelectual y de servicio, contribuirán a otorgarle el respeto y el respaldo que se merece su alta responsabilidad social. Por lo demás, toda esta acción se desarrollará como parte de un sistema nacional de salud, destinado a cubrir las necesidades de toda la población, que será estructurado y puesto en marcha a través de las leyes que vuestra honorabilidad analizará y sancionará oportunamente.
El desarrollo humano integral y la promoción de la familia - elemento natural y esencial de la sociedad - constituyen desafíos de nuestro tiempo, que mi gobierno habrá de afrontar con respuestas políticas precisas.
En efecto, nuestra concepción de la política social, inspirada en los valores de solidaridad, justicia social y participación, dará impulso a acciones de servicio para la prevención de las situaciones que provocan estados carenciales, agravan las crisis vitales, agudizan conflictos o afectan la igualdad de oportunidades.
A la minoridad abandonada, esa realidad emergente de un cuadro estructural de extrema pobreza, se le dará la máxima prioridad. El Estado desarrollará con energía su misión tutelar y será el perfil humano y social de los programas y delas instituciones de servicio social a la minoridad, el que demostrará nuestra firme voluntad de terminar con la vieja imagen de un asistencialismo despersonalizador y productor de resentimientos.

El reconocimiento de los derechos de la familia y la realización de aquellas prestaciones indispensables para preservarla de las contingencias sociales que la afectan, será una preocupación primordial. La promoción de la participación, la calidad de vida y los valores de la familia en todos los campos, serán maneras de demostrar nuestra firme vocación humanista.

Los jóvenes - en los que los argentinos reconocemos una dinámica realidad del presente y una firme esperanza de un futuro mejor - serán protagonistas plenos en la vida argentina. La sospecha y la represión serán reemplazadas por la participación activa, como pilares de sustentación de nuestra democracia.

Trabajaremos para resolver los actuales problemas de su inserción socio-ocupacional, promover su formación cívica y desarrollar aún más su espíritu solidario.

Estamos seguros de que con su esfuerzo generoso y su imaginación creadora podremos modificar muchas de las condiciones que determinan hoy el drama de la extrema pobreza y superaremos las acechanzas de un consumismo despersonalizador para gestar la Argentina solidaria.

La mujer, que con tanta fuerza demuestra su vocación protagónica, encontrará en nuestra acción de gobierno cauce para sus inquietudes, canales de participación y servicios de apoyo y orientación. Nos preocupan particularmente los problemas que afectan a las madres que trabajan, a la mujer migrante, a la madre cabeza de familia y a la que sufre las consecuencias de situaciones de abandono, dependencia y marginación.

La tercera edad merece la atención prioritaria del Estado. Las medidas de carácter previsional - que aseguren la dignidad de la vida para cada anciano - deben ser acompañadas de una acción preventiva y promocional del Estado y el conjunto de la comunidad, tendiente a brindar a la tercera edad la acogida y el reconocimiento de su rol activo en el medio social.

La situación de las personas discapacitadas y los servicios que requiere su atención integral habrán de ser un objetivo claro de nuestro gobierno en sus aspectos educativos, laborales, de rehabilitación y de inserción social.

Si bien toda la comunidad debe compartir la responsabilidad de contribuir al desarrollo humano integral de las personas discapacitadas, el Estado no puede escatimar esfuerzos en este campo.

El deporte, será un medio idóneo para lograr niveles más elevados de salud y educación. Será una herramienta más en la tarea de construir una sociedad para la paz.

No queremos un país de espectadores sino de actores. La actividad deportiva es, ante todo, estimulante para la participación ciudadana, y en lo especifico pone en marcha valores éticos y morales como la solidaridad, el orgullo bien entendido, el respeto por el contrincante y la autoridad, el temple ante la adversidad.
La actividad deportiva es un derecho que debe ser ejercido por todos.

La labor de la Secretaría de Deporte apuntará, en forma preferente, a incorporar a la práctica deportiva a aquellos vastos sectores sociales hasta ahora impedidos de gozar de sus beneficios.

El gobierno procurará desarrollar jornadas deportivas semanalmente, en todos los distritos del país, en particular con los niños y los sectores de menor recursos; coordinar entre la Secretaría de Deporte y la Dirección Nacional de Educación la ampliación de una didáctica dinamizadora de la educación física y los deportes en los tres niveles educacionales; utilizar al máximo la infraestructura deportiva existente mediante la coordinación y cooperación del Estado con el sector privado; ampliar las posibilidades de acceso gratuito a los centros deportivos; estimular la participación de la familia y la tercera edad en los eventos deportivos; crear un centro de estudios deportivos, desde donde se formulen los programas de apoyo al deporte y disciplinas afines, y ejercer un estricto control sobre los fondos destinados para la promoción y desarrollo del deporte amateur y profesional, de modo que se cumplan los objetivos definidos.

Nuestra concepción de la promoción social es inseparable de la indispensable participación popular en la solución de los problemas de cada grupo comunitario. Poca ventaja de largo alcance puede esperarse del mero paternalismo del Estado en el tratamiento de tales problemas, como tampoco la ofreció en su tiempo la aislada beneficencia privada.

Es necesario estimular el activo compromiso de las organizaciones comunitarias en las cosas que hay que hacer.
Ejemplo de ello habrá de ser el desarrollo del Programa Alimentario Nacional en la primera etapa de nuestro gobierno.

Dicho programa se orienta a obtener los efectos de esta tremenda injusticia nacional que es la carencia de alimentos que sufren algunos sectores de nuestro pueblo. Lo concebimos, por lo tanto, como un acto de reparación y un derecho de las familias más castigadas, y de ninguna manera como una acción benéfica. Su cumplimiento resultará una responsabilidad compartida entre el Estado y los distintos sectores comunitarios que participarán en el programa, sea como colaboradores o beneficiarios del mismo.

Deberá tener, por otra parte, un carácter transitorio, hasta tanto la recuperación del pleno empleo y un mejor salario real aporten condiciones estables a todas las familias argentinas.

Esta idea de participación en el desarrollo del PAN es el germen de una evolución hacia verdaderos centros integrados de acción social que, profundamente enraizados en la población a la que sirven, ofrezcan respuesta adecuada a las múltiples necesidades vigentes y orienten un proceso de educación y participación popular esclarecida.

LA POLITICA ECONOMICA

Los objetivos fundamentales del gobierno constitucional se encuentran en los ámbitos cultural, social y político.

Hemos dicho que en el terreno cultural la nueva sociedad argentina deberá encontrar la identidad en expresiones propias, distintivas, que la cohesionen y además la manifiesten con caracteres definidos junto a los demás pueblos de nuestra América.

En materia social será igualitaria, participativa, solidaria, libre, abierta.
En el campo político, republicana, federal, esencialmente democrática y fuertemente institucionalizada.
Para conseguir estos objetivos fundamentales la política económica deberá edificar la base material en donde se asentarán. Va de suyo, entonces, que esa base material estará sujeta a requisitos que se definirán con claridad; no habrá lugar para el predominio de intereses sectoriales, ni para expresiones de privilegio, ni para actividades prescindibles parasitarias o especulativas, y por el contrario se estimulará la producción poniéndose todos los recursos e instrumentos de que disponga el Estado para expandirla y mejorarla.
A fin de lograr esa mejora en los niveles de producción, así como también en los de empleo y remuneraciones, en forma consistente y sostenida, será necesario que se recobre paulatinamente el equilibrio de las variables macroeconómicas -tradicionalmente tan afectado por las deficiencias estructurales de nuestra economía, y tan profundizadas esas deficiencias por las devastadoras medidas adoptadas en el último lustro-, eliminando procesos distorsionadores y combatiendo la inflación en sus mismas fuentes, en forma tal que en pocos años lleguemos a guarismos compatibles con los internacionales.

Se ha mencionado más arriba al Estado y es necesario anticipar que el papel que deberá cumplir no se compadece con esta caracterización sobredimensionada e ineficiente de la actualidad, que sólo sirve para agravar y preservar los privilegios de una minoría que atenta contra el interés colectivo y los objetivos nacionales. Este Estado de la actualidad, pesado, adiposo, retardatario, habrá que transformarlo mediante una profunda reforma administrativa en el instrumento idóneo para la realización de la grandeza y la prosperidad del país, convirtiéndolo en un organismo ágil, vivo, flexible, con rápidos reflejos para detectar situaciones e ir anticipando el marco adecuado para que se pueda desenvolver en forma armónica la economía nacional.

La argentina podrá salir de la lamentable situación que padece solamente si se recurre a lograr el máximo provecho posible del potencial de crecimiento de la economía nacional, que es muy grande, y que fue desdeñado por las políticas monetaristas recesivas que hemos soportado en los últimos años.

Tendremos que hacer un enorme esfuerzo para aumentar la producción y la productividad, y en este orden de cosas el rol que les espera a los sectores productivos es fundamental. Estamos enfrentados a grandes desafíos, y de entre ellos tendrá un papel descollante el del sector externo, en razón del enorme endeudamiento con el exterior, tan irresponsable como irracionalmente contraído.

Para superar ese desafío el país deberá, por un lado, aumentar el ingreso de divisas, sobre todo por una política agropecuaria que aumente los saldos exportables; y por otro, reducir sus importaciones a través de una política industrial que sustituya insumos, estrechando los límites hasta donde sea técnica y económicamente factible.

En el equilibrio que se logre entre los sectores productivos agropecuario e industrial está la clave de la celeridad con que se logrará la recuperación. Son las dos piernas que harán avanzar al país, y es sabido que cuanto más despareja sean, la marcha será más lenta, accidentada y dolorosa.

Dentro del esquema conceptual expresado más arriba, es fundamental definir políticas de largo plazo que determinen los objetivos que deben ser alcanzados y las reglas de juego claras y permanentes -lo que no significa que sean inflexibles, sino que se irán adaptando a las realidades- que aseguren la igualdad de oportunidades privilegiando a la producción y eliminando la especulación.

Desde este punto de vista, se considera a la intermediación comercial como un factor coadyuvante de la producción, para dinamizarla, y no se tolerarán procesos innecesarios o parasitarios que sólo sirven para expoliar al auténtico productor.

La planificación democrática, consentida e indicativa, en cuya elaboración participen formando parte de un consejo económico-social los distintos sectores, y que deberá ser sancionada por el Congreso Nacional como expresión de la voluntad política de toda la Nación, será el medio para fijar los objetivos y los medios para lograrlos.

El Plan Nacional de Desarrollo asignará los recursos con que cuenta nuestro país a través de un prolijo y ajustado programa que se desenvuelva con una sana competencia y sin interferencias monopólicas, que asegure la libertad de iniciativa, la igualdad de oportunidades y la soberanía del consumidor.

Dentro de este esquema se definirán de manera congruente la política de ingresos, la política impositiva, el gasto público, la política monetaria y crediticia y la del sector externo, así como empresario, que ha de operar dentro del esquema de desburocratización explicado más arriba.

En esta óptica, el Estado se irá desprendiendo rápidamente de funciones innecesarias, conservando aquellas empresas que prestan servicios públicos esenciales, las que exploten recursos naturales no renovables o las que detenten monopolios necesarios por su naturaleza.

Es decir, que el Estado se reservará el manejo de los resortes superiores del manejo económico, que aplicará de manera neutral respecto de los individuos, además de aquellas funciones que sean imprescindibles e indelegables.

Los planes de largo plazo se definirán con objetivos escalonados a mediano y a corto plazo y las medidas coyunturales que se adopten deberán tener consistencia con los mismos.

La situación económica y financiera se encuentra en condiciones de extraordinario deterioro, que genera graves alteraciones sobre los mecanismos básicos de la producción y distribución de los recursos.

La mera enunciación de los principales problemas puede dar una idea de su profundidad y de que sólo una acción deliberada y continuada para mejorar la utilización de los recursos con que cuenta el país, permitirá un real "despegue" de la economía, un aumento persistente de la producción, un mejor reparto del ingreso y, consecuentemente, una calidad de vida de los habitantes más adecuada.

El sector público no atiende apropiadamente funciones que le son específicas, como la educación pública, la salud de la población o el suministro de elementos esenciales para la vida cotidiana. En cambio, el Estado utiliza excesivos recursos en actividades de escasa o ninguna productividad, se encuentra atrofiado en partes muy importantes de su estructura o se dedica a actividades impropias y que, con la organización actual, son muchos más rentables realizadas por el sector privado. Resulta cruel paradoja que el concepto de Estado subsidiario haya llevado paulatinamente a un Estado que participa mucho más en la economía y lo hace al precio de grandes derroches.

La situación del sector público se agrava aún más si se considera la forma cómo ese gasto se financia. Lo hace fundamentalmente por dos vías. La primera, mediante un sistema impositivo altamente regresivo, apoyado casi totalmente por gravámenes que recaen sobre los consumos imprescindibles.

La segunda, basada en la emisión monetaria que, a su vez, es causa principal de la inflación. Esta forma de financiar el déficit presupuestario significa en la práctica hacerlo mediante un formidable impuesto de condición extremadamente injusta que sustrae ingresos, de manera solapada, a los tenedores y perceptores de activos monetarios que, en su gran mayoría, son los empleados y obreros que reciben sus remuneraciones al final de períodos mensuales o quincenales y los mantienen líquidos por carecer, generalmente, de medios para proteger sus mermados ahorros. El encubierto impuesto realiza un verdadero despojo a estos sectores de la población.

Mejorar la naturaleza del gasto público, tanto del corriente como del de la inversión, retornar a la actividad privada las funciones impropias del Estado, inyectar equidad al sistema impositivo y reducir sustancialmente el déficit presupuestario son objetivos prioritarios que se fija el gobierno constitucional.
El sistema privado se encuentra, a su vez, tremendamente debilitado. El singular ensayo monetarista aplicado en los últimos años -basado en esquemas muy discutidos en los propios centros académicos foráneos donde fueron elaborados con vista su utilización en economías con alto desarrollo, y utilizados sin adaptación alguna a las modalidades de nuestro país- partía, en esta área, de considerar al financiero como un mercado perfecto, en donde las leyes de la oferta y la demanda actúan sin interferencia de ninguna clase.

Esta anacrónica interpretación de los hechos en una sociedad moderna produjo cuantiosos e irreparables derroches de riqueza, que se tradujeron en la necesidad de liquidar un gran número de entidades financieras, haciéndose cargo el Estado, a través de la devolución de los depósitos, del verdadero saqueo efectuado por el sector, mediante absurdas inversiones sin prioridad alguna, autopréstamos de financistas apresurados y, muchas veces, creando falsos créditos que los beneficiaban directamente.

Como secuela de tal ensayo, existe ahora un sistema que presenta graves debilidades y que para que vuelva a cumplir un eficiente papel en la distribución del ahorra nacional requerirá profundas transformaciones que las actuales circunstancias aconsejan realizar lo más rápidamente posible.

No debe omitirse que la deteriorada situación del sector financiero, donde también operan entidades que actuaron en la emergencia con prudencia y respondiendo a estrictas reglas bancarias, fue agravada por factores exógenos a la acción de las unidades económicas intervinientes.

Los niveles alcanzados por la inflación, y la inseguridad política y económica prevaleciente, contribuyeron a que aumentara la velocidad de la circulación de la moneda, reduciendo al máximo la liquidez de la economía. Otra paradoja que se produce en esta circunstancia es que cuanto más moneda se emite, más se desmonetiza la economía, pues la mayor velocidad del dinero da lugar a un escenso aún mayor de los precios. Todo ello condujo a que los recursos monetarios existentes, en términos reales, que son el material prestable por los bancos y demás entidades financieras, cada vez se redujeran más.
Excesiva cantidad de entidades bancarias y financieras, costos elevados para operar, poca disponibilidad prestable y activos en buena medida comprometidos conforman un sistema financiero poco eficiente que requiere una rápida transformación renovadora, simplificadora y de saneamiento.

La virtual falta de ahorro líquido en la economía da origen a muy serias consecuencias, sobre todo cuando los escasos recursos existentes no alcanzan para cubrir las necesidades del sector público.
En esta condición, las empresas en la práctica dependen exclusivamente de sus propias ganancias para llevar a cabo las inversiones requeridas para el aumento de la producción. Carecen de posibilidades de acceder al crédito, que por el contrario cada vez se ha venido restringiendo más, ni de acrecer su patrimonio mediante emisión de capitales en los mercados de valores, también privados de los recursos líquidos necesarios. Este proceso se agrava, en un verdadero círculo vicioso, si se considera que las utilidades empresarias se han reducido. Lo expuesto pone en evidencia una de las causas principales que explican el retroceso que experimenta la economía argentina durante los últimos años. Justifica, asimismo, la necesidad de aportar medidas que estimulen la formación del ahorro y permitan, mediante la acción de un fluido sistema financiero, la transferencia de los grupos de individuos o familias que lo generan hacia las empresas que lo invierten en zonas y actividades que se consideren prioritarias.
El problema de la deuda externa, quizás uno de los más graves que configuran la situación que recibimos, será encarado de acuerdo con los criterios que oportunamente propusimos. Tras el debido análisis y estudio para determinar qué parte de la deuda es realmente legítimo, procuraremos renegociar nuestras obligaciones, en las condiciones más favorables y con modalidades de pago que se ajusten a nuestras posibilidades.
No descartamos acudir a los organismos internacionales de crédito para obtener el apoyo financiero que nos corresponde, así como el respaldo para la acción que debemos desarrollar con la banca internacional. Esto no significa de manera alguna que vayamos a someter a la economía argentina a recetas recesivas, sean de adentro o de afuera del país. Presentaremos nuestro programa, sensato, técnicamente correcto, compatible con el crecimiento del país y el pago de la deuda, y a ese programa nos vamos a atener. Seremos flexibles en las formas, pero no en el contenido, pues no creemos que el problema de la deuda pueda resolverse con medidas que impliquen más recesión económica, ni siquiera en el supuesto inconcebible de que estuviésemos dispuestos a aceptar lo inaceptable, es decir, la prolongación de la pobreza y la miseria del pueblo.

Las autoridades constitucionales encuentran al país altamente endeudado en el exterior. Se trata de una deuda contraída sin compensación significativa de bienes físicos o tecnológicos incorporados al activo productivo. Por el contrario, esa deuda reconoce como contrapartida la destrucción de una parte de la capacidad productiva que existía en el país. La verdad cruda de este insólito endeudamiento en que los activos externos que le dieron origen retornaron -por distintas vías: remesas de residentes; turismo masivo, intereses; pago de importaciones prescindibles; etcétera- a los países acreedores, produciéndose así una fuga en masa de capitales al exterior y quedándose al país sin los recursos externos correspondientes y con un elevadísimo y complejo conjunto de deudas a favor, en lo principal, de más de trescientos bancos privados extranjeros. Se trata, evidentemente, de los efectos perversos de una política económica que perjudicó a los intereses nacionales y que vio facilitada su acción por la existencia de elevados activos líquidos internacionales que, aprovechando las debilidades de esa política, buscaron y obtuvieron fáciles utilidades especulativas.
Este endeudamiento externo que el país, siguiendo una tradición inalterable, reconoce en cuanto haya sido legítimamente constituido, no puede resultar un freno al desarrollo del país. Se abonará en la medida en que las exportaciones argentinas puedan expandirse en el futuro, pero supeditando el pago de los servicios y amortizaciones a la conveniente provisión de materias primas y productos intermedios que requieran una pujante y creciente actividad interna.
No es concebible, ni política ni socialmente, el pago de esa deuda si se cierran los mercados a nuestras exportaciones o si para hacerlo fuera necesario contraer la actividad interna. El responsable ordenamiento del desquiciado sistema económico y el uso apropiado y pleno de los ingentes recursos humanos y materiales con que cuenta el país son las condiciones necesarias para dar un rápido cumplimiento a esas obligaciones. Esas condiciones son las que servirán de base al plan económico que el gobierno constitucional someterá a la consideración del pueblo argentino.

Un requisito indispensable para el éxito de dicho plan, lo cual es también un desafío a la democracia que se inicia en la Argentina, es poner fin a la incomparable inflación, que desde hace varios decenios afecta a la economía, y que en los años recientes ha experimentado un crecimiento inusitado. No existen antecedentes en el mundo de un proceso de esta naturaleza, tan extendido en el tiempo y tan intenso en las cifras que lo registran. En este combate debe participar toda la población. El gobierno establecerá los medios a utilizar pero todos los sectores deben contribuir a la derrota del flagelo, para lo cual es necesario tener cabal idea de su peligrosidad y persistencia en la sociedad argentina. Nadie debe sustraerse a esta lucha cuyo resultado compromete al destino de la Nación.

La inflación tiene tremendas y negativas consecuencias morales, sociales y económicas. Crea inseguridad en las familias al destruir el valor del signo monetario y quitar certeza a las transacciones cotidianas. Actúa como distribuidor regresivo de riquezas, afectando a los sectores más desprotegidos, aquellos que dependen de sus ingresos monetarios y carecen de bienes físicos. Asigna pésimamente los recursos, ya que los propios ahorristas se convierten en directos inversores, al carecer de frenos que los protejan de la erosión de sus ahorros.

Resta, consecuentemente, productividad a la economía, y se encarga, por procedimientos diversos, de transferir al exterior las divisas ganadas, que el país produce generosamente.

Varias causas muy diferentes explican la inflación en la Argentina, después de tantos años en que sus habitantes conviven con ella. Algunas son de tipo estructural y otras provienen de la excesiva demanda en algunos sectores. Hoy día, entre estas últimas causas, se destaca el extraordinario déficit que ha alcanzado el presupuesto y que obliga, ante la carencia de mercados financieros adecuados, a emitir moneda para financiarlo. La acción del gobierno será implacable para erradicar todas las causas de la inflación, pero pondrá especial énfasis en corregir el tamaño de este déficit, cuya persistencia convertiría en inocuos todos los esfuerzos a realizarse en otros campos. Ello permitirá, asimismo, elaborar una verdadera política de ingresos, que ponga fin a la lucha irracional por la distribución que, en definitiva, se convierte en una puja interminable por distribuir entre los distintos sectores sociales lo poco que produce una sociedad que no genera la inversión requerida para impulsar la economía.

La lucha contra la inflación se dará con ciertos requisitos. Ella debe venir acompañada con un sostenido crecimiento de la producción y por una mejor distribución del ingreso, tanto a nivel de individuos como de regiones del país.

Los mayores recursos que se liberen deben transferirse en mayor proporción a los más necesitados y a las zonas más rezagadas del interior, que son las que han sufrido más intensamente los efectos de las políticas monetaristas. La experiencia argentina demuestra acabadamente que los métodos antiinflacionarios basados en reducir la actividad interna y concentrar los ingresos para producir mayor ahorro han sido seguidos por rotundos y costosísimos fracasos.

La grave situación del país no permitirá obtener resultados sustanciales de un día para otro. Pero, seguramente, más pronto de lo que muchos esperan, la ordenada utilización de recursos, dentro de una política de signo nacional con claros objetivos, logrará poner en movimiento los extraordinarios recursos humanos y materiales con que cuenta el país, que de esta manera, y en pleno goce de sus instituciones y libertades fundamentales, ha de dirigirse rápidamente hacia el logro del destino que le marca su historia, sus antecedentes democráticos y sus incalculables recursos.

Para lograrlo, la compleja crisis económica será encarada de acuerdo con los criterios ampliamente expuestos antes de nuestra elección. Se dará prioridad absoluta y militante, por así decirlo, a la atención de los problemas que afectan a los sectores más desamparados de la población. Pondremos en marcha enseguida el Plan Alimentario Nacional, que hemos denominado PAN, para acudir sin demora en apoyo de aquellos que carecen de lo más elemental, y en primer lugar para resguardar la salud de los niños.

La existencia de casos de pobreza extrema, y sobre todo de niños desnutridos y enfermos sin posibilidad de atención médica adecuada, es un agravio a la conciencia colectiva de los argentinos, que debe ser reparado inmediatamente. No obstante las grandes dificultades económicas que tendremos que afrontar, volcaremos en este esfuerzo toda nuestra solidaridad y todos los recursos disponibles.

Los objetivos globales de nuestra política económica acaban de ser reseñados, pero conviene reafirmarlos. Combatir la inflación hasta eliminar sus nefastas consecuencias, poner en marcha nuevamente la capacidad productiva del país en todas sus dimensiones, promover la plena ocupación, redistribuir el ingreso en favor de los sectores más carenciados, estimular especialmente la aptitud del campo como productor de alimentos y generador de divisas, ir ordenando la actividad financiera para que cumpla su función natural de apoyo a la producción y deje de ser una pesada carga o un esquema teórico de aplicación imposible y, sobre todo, en esta primera etapa controlar y reducir el gasto del Estado.

En este último punto se asienta uno de los propósitos fundamentales de nuestro programa. Con un déficit fiscal que excede del 13 por ciento del producto bruto interno, no hay ordenamiento económico ni financiero posible, ni es viable ninguna técnica razonable de manejo de la moneda. Con prudencia, pero con firme decisión, esta situación tendrá que ser gradualmente corregida. Un primer objetivo es reducir el déficit a no más del 5 por ciento del producto bruto, en parte por la mejor recaudación fiscal, para lo cual existe amplio margen, pero principalmente por la limitación del gasto público, dado que la presión impositiva difícilmente puede ser intensificada, por lo menos respecto de los sectores que normalmente pagan sus gravámenes.

El otro gran objetivo es liberar recursos para reactivar al sector privado y hacer marchar nuevamente a toda la economía; pero si se intenta reducir el déficit sólo con más impuestos, se estará sacando con una mano lo que se dio con la otra. Reducir el déficit por la vía del gasto, mientras se recupera la capacidad normal de recaudación tributaria, constituye el principal camino para dar espacio al sector privado.

Y esa reducción, como ya lo hemos anunciado, tendrá que operar principalmente sobre sectores del presupuesto como el de defensa, hoy de dimensión excesiva, para poder aumentar el gasto en salud y educación y facilitar la expresada liberación de recursos.

Simultáneamente, será necesario recomponer los ingresos del sector laboral. No sólo por exigencias de justicia social o distributiva, sino también porque sin salarios no hay consumo, y sin consumo no hay empresas prósperas. Este proceso, que será lo menos lento posible, tendrá de todos modos que ser muy acelerado, prácticamente inmediato, para aquellos que no pueden esperar un día más, es decir, para la masa de desocupados o sólo parcialmente ocupados.

Por ello tenemos previsto aumentar la construcción de viviendas, con lo cual satisfaremos al mismo tiempo dos objetivos sociales básicos, esto es dar trabajo a quienes no lo tienen y techo a los que carecen de él.

Procuraremos también estimular un sano ordenamiento del comercio exterior, facilitando el funcionamiento del comercio interior, facilitando el funcionamiento racional del mercado, su máxima transparencia, la eliminación paulatina de intermediaciones artificiales, abusivas o parasitarias, y a la formación de precios acordes con los factores reales de la oferta y la demanda.

Promoveremos el amparo legal al consumidor, incluso en lo que atañe a cantidad y calidad de las mercaderías, y solicitaremos, en estos aspectos, la colaboración valiosa del consumidor mismo, a través de sus organizaciones libres.

En este aspecto, la mujer, como ama de casa, habrá de desempeñar un papel importante e insustituible.

En el orden externo, enfrentaremos con nuevos criterios la honda crisis del comercio internacional, generada en buena medida por la actitud egoísta y autocomplaciente de los países más desarrollados, que obstruyen el acceso a sus mercados de las mercaderías de países tradicionalmente exportadores de alimentos, como el nuestro, mientras subsidian sus propias exportaciones de productos también subsidiados en su origen, desencadenando una desleal y ruinosa competencia en perjuicio de las naciones que luchan por avanzar hacia el pleno desarrollo y mejorar el nivel de vida de sus pueblos. La voz argentina se hará oír en todos los recintos y centros internacionales donde se debaten estos problemas, para exhortar a actitudes más solidarias y menos mezquinas, pero a la vez tomaremos todos los recaudos disponibles para promover nuestras propias exportaciones y asegurarnos mercados permanentes, introduciendo en nuestros envíos toda la diversificación de que seamos capaces. Sobre todo daremos prioridad a la integración con los países hermanos de América Latina, y promoveremos el intercambio con los pueblos subdesarrollados en general, con cuyas justas reclamaciones somos solidarios.

Nuestra política industrial, a la que asignaremos un papel primordial en el esfuerzo de recuperación de la economía, se ajustará también a las propuestas que hemos desarrollado en nuestra plataforma electoral. Los objetivos más urgentes serán revertir la tendencia a la desintegración del proceso productivo y a la pérdida de parte sustancial del capital de trabajo, la corrección del retraso tecnológico y el estimulo de la inversión y la modernización. Esa política se orientará a lograr que las empresas operen teniendo un vista tanto el mercado interno como el externo, y a asegurar la participación del país en las transformaciones que se están verificando en la tecnología y los mercados mundiales.

El crecimiento sostenido del producto bruto industrial y de la productividad permitirá consolidar el desarrollo del país y elevar el nivel de vida de la población.

La descentralización económica y el crecimiento de las industrias regionales serán también objetivos permanentes.

Algunas vez prometimos que iríamos personalmente, con los gerentes de los bancos, a levantar las cortinas de las fábricas cerradas. Lo haremos, si es preciso, porque nuestra decisión terminante es poner en marcha la capacidad de producción actualmente ociosa, y dar oportunidad de ocupación a miles de trabajadores que la han perdido. La función del crédito acompañará ordenada y razonablemente a este esfuerzo, partiendo de nuestro concepto básico de que la infraestructura financiera debe estar al servicio de la producción, y no al revés como infortunadamente ha sucedido entre nosotros.

Se promoverá el desarrollo tecnológico activando la participación del INTI; se neutralizarán las prácticas monopólicas que afectan a los precios o al abastecimiento del sector; se fomentará la mayor participación industrial en las exportaciones, y en todo momento se tendrá presente la gravitación de la industria en el conjunto de la vida nacional.

Para asegurar la continuidad y solidez de la presencia industrial, se restablecerá un adecuado nivel de defensa, tanto en materia de tipos de cambio como de protección arancelaria, armonizando esta última con el tratamiento de los insumos.

Además consideramos negativo el proceso de desnacionalización de empresas, y haremos lo necesario para revertirlo.

Como parte de este objetivo daremos realidad concreta a la planificación de las compras del sector público y de las empresas con participación estatal, con arreglo a los principios del "Compre argentino" y el "Contrate nacional" y con criterios de promoción regional, preservando y fomentando asimismo la participación efectiva de las empresas medianas y pequeñas.

Ciertas áreas postergadas de nuestro valioso potencial económico, como por ejemplo la pesca y la minería, para citar sólo dos de las más significativas, merecerán en adelante una especial atención, en procura de lograr su expansión largamente demorada.

Entre los elementos más inmediatos de la reactivación económica, está la racional y científica explotación de los recursos vivos del mar.
En el particular caso de la República Argentina la dilatada extensión de su costa marítima y la gran superficie de sus ríos y espejos de aguas continentales, así como la importancia de sus recursos vivos, merecen la particular atención del gobierno nacional.

La instrumentación de una política pesquera dinámica y moderna como la que se proyecta realizar contribuirá al incremento de obtención de divisas por promoción de exportaciones, preferentemente con alto valor agregado; a la captación de nuevos mercados; al desarrollo del mercado interno, haciendo llegar más y mejores productos a costos accesibles, aun a los niveles más bajos de la pirámide socioeconómica del mercado nacional; a la ocupación plena de la actual capacidad ociosa de la industria naval pesquera; y al fortalecimiento de las empresas captadoras, procesadoras y comercializadoras legadas al sector.

Todo esto en conjunto contribuirá a la defensa y afirmación de la soberanía nacional, revitalizando el sustentado principio de las doscientas millas marinas.

Para atender el cumplimiento de esta política se llevará a cabo un programa para la formación de científicos, técnicos y especialistas argentinos altamente capacitados. Asimismo se promoverá el mejoramiento de la infraestructura portuaria y la modernización de la flota pesquera nacional.

El real interés nacional que el Poder Ejecutivo desea dar a esta área de gobierno queda en primera instancia demostrado con la creación de la Secretaría de Recursos Marítimos, cuyo objetivo, al fomentar y promover el esfuerzo de los entes y empresas ligados al sector no es otro que el de lograr el intenso desarrollo del litoral patagónico.

Resumiendo: Para el gobierno nacional la implementación de una agresiva política pesquera tiene como objetivo el incremento de riquezas, el desarrollo de zonas hasta ahora marginadas y el afianzamiento práctico y concreto de la soberanía nacional.

El sector minero argentino ha sido tradicionalmente un sector económico relegado, cuya importancia medida en términos de su contribución al producto bruto interno, generación de divisas y empleo es relativamente escasa y coloca al país en posición de neto importador de minerales. Sin embargo, el país tiene un potencial minero importante, cuyo desarrollo contribuirá a aliviar el problema de nuestra balanza de pagos y tendrá un impacto dinamizador sobre algunas de las economías regionales más postergadas.

De ahí que nuestro objetivo último sea aumentar la producción y productividad minera. En el corto plazo, nuestra estrategia consistirá en remover los obstáculos "cuellos de botella" que han venido frenando el desarrollo de esta actividad a la vez que se irá conformando la base de datos necesaria para la planificación futura del sector. En el largo plazo, la mayor parte de la inversión la hará el sector privado, reservándose para el Estado la planificación estratégica del sector y sólo excepcionalmente la explotación de aquellos depósitos que por razones económicas o de interés nacional justifiquen ese criterio.

Al implementarse adecuadamente esta estrategia se logrará una mayor producción y productividad minera, un desarrollo minero que operará como factor dinamizante en las economías regionales, hoy postergadas; una transferencia de recursos y poder de decisión del centro a las economías regionales; una mejor posición en la balanza de pagos, sustituyendo importaciones e incrementando exportaciones; contar con financiación adecuada a las necesidades de los productores mineros pequeños y medianos a través de una entidad financiera especializada en la problemática del sector; una legislación minera que, en lo esencial, fijará reglas normativas simples, equitativas y duraderas, que produzcan una mayor participación privada, y crear las condiciones para que se desarrolle un empresariado nacional con verdadera vocación minera.

Nunca se insistirá demasiado sobre el papel fundamental del campo argentino como elemento básico de la estructura económica nacional, por su función primordial de productor de alimentos para el consumo interno y la exportación y por su específica aptitud para crear recursos genuinos en divisas, hoy más necesarios que nunca para hacer frente a las tremendas dificultades de nuestro sector externo. Cuanto se haga para fortalecer la actividad agropecuaria, asegurarle rentabilidad y capacidad de inversión, promover su tecnificación y defender sus mercados será siempre, en definitiva, un servicio al interés nacional.

Los productores agropecuarios argentinos, agobiados en los últimos tiempos por una presión tributaria y financiera sin precedentes, y carentes de la orientación de una genuina política para el sector, han respondido no obstante con sostenidos esfuerzos de modernización y expansión sus explotaciones, sobre todo en la agricultura, donde se han reflejado en importantes y crecientes rendimientos, con grandes cosechas que, lamentablemente, no siempre se han podido comercializar con el grado de beneficio para el país que hubiera sido deseable.

Una política agropecuaria consistente y constante debe basarse en la capacitación del hombre de campo, la conservación de los recursos naturales y la incorporación de tecnología adecuada a nuestro territorio. A partir de estos principios, la política agropecuaria de nuestro gobierno se propondrá, mediante los instrumentos legales adecuados, aumentar la producción y productividad y lograr la justa retribución del esfuerzo de empresarios y trabajadores rurales.

Asegurar la rentabilidad del campo será un objetivo permanente. Se propiciará la ley de autarquía del INTA. Se estimulará la incorporación de tecnología y se asegurará el acceso a fertilizantes y otros insumos. El crédito volverá a ser una herramienta de desarrollo agropecuario, y la banca oficial operará en este sentido toda la amplitud que permita la situación económica. Se simplificará el sistema tributario, procurando que sea equitativo y progresivo y dando función primordial al impuesto sobre la tierra. Se adecuarán las funciones de la Junta Nacional de Granos para que su acción signifique un verdadero apoyo a la producción y al país, interviniendo activamente en la comercialización interna y externa de las cosechas.

En el sector ganadero es preciso formar conciencia de que nuestro país cuenta con excelentes condiciones para superar una situación coyuntural desfavorable y aumentar la productividad con el fin de mantener una activa participación en el mercado externo abasteciendo adecuadamente el consumo interno. Con tal fin se adoptarán medidas armónicas que combinen aspectos financieros y tecnológicos y de infraestructura necesarios para aumentar esa productividad sectorial, tanto en zonas eminentemente ganaderas como en aquellas en que resulta conveniente el mantenimiento de sistemas de producción mixtos agrícola-ganaderos.

El excelente nivel genético alcanzado por nuestros rodeos nos impulsa a revertir la situación existente en materia de importación de reproductores y semen, para pasar a ser exportadores en este rubro, capitalizando así el esfuerzo constante de los productores.

Con la excelente base genética existente hasta ahora el ingenio de éstos y de los profesionales del área para abrir mercados y materializar las exportaciones. El gobierno adoptará las medidas técnicas y económicas que estén a su alcance para apoyar las acciones en este sentido.

Se prestará particular atención a la atenuación del ciclo ganadero caracterizado por la alternancia de períodos de bajas existencias y altos precios con los de elevadas existencias y precios bajos. Para ello se procurará estimular el mantenimiento de un aprovisionamiento adecuado de aves y cerdos, que contribuirá al suministro de una dieta más variada, alentando a los productores de esas especies.

En materia de producción de leche y de su industrialización existe un vasto camino a recorrer para asegurar el incremento del consumo y la exportación de productos lácteos, mediante planes de desarrollo que combinen los factores tecnológicos y financieros de estímulo de la producción y de la industria.

La estructura de producción actual y el grado de avance tecnológico e industrial alcanzado hacen que la industria y la producción agropecuaria se encuentren muy lejos de aquel esquema simple de exportación de productos primarios.

Hoy se hace preciso prestar atención al complejo conjunto de factores que hacen a la tecnología de la producción, de la industria, tanto aquella abastecedora de máquinas y herramientas como la procesadora de los alimentos, que cuenta con un vasto espectro en el país lejos aún de haberse explotado en todo su potencial. El gobierno estimulará la acción de la actividad privada sustentando la misma a través de planes de desarrollo específicos. En este aspecto, siendo de gran importancia el cambio cualitativo que se opere, será preciso consolidar los organismos educacionales y tecnológicos con el fin de contar con profesionales del mejor nivel.

La índole del sistema de producción agropecuaria -que podría calificarse como de un grado intermedio en lo que hace a la intensidad de uso de capital- juntamente con la experiencia argentina en teste campo, nos permitirá realizar aportes tecnológicos y de entrenamiento de personal a otros países en desarrollo, particularmente a aquellos de Centro y Sudamérica entre otros, al mismo tiempo que enriquecernos con su misma experiencia.

En el sector de la energía nuestra posición es igualmente conocida. La existencia de recursos suficientes, incluso abundantes, para la producción de energía es uno de los privilegios naturales del suelo patrio. Pero es preciso utilizar esos recursos en forma racional, para aprovecharlos al máximo y ponerlos realmente al servicio de las necesidades nacionales.
Además de los productos de la refinación del petróleo impulsaremos la petroquímica, que representa el mayor grado de utilización industrial de los hidrocarburos, y esto, partiendo de una política básica que consistirá en preservar las existencias conocidas y ubicadas, y avanzar con decisión en la búsqueda de nuevas reservas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales será el gran instrumento de esta acción, en la que podrán participar capitales privados del país o extranjeros, pero cuyo objetivo indeclinable será que la Nación tenga asegurado el manejo de las fuentes y del destino de la producción.

Las importantes reservas de gas de la patagonia y del Noroeste permiten afirmar, según los expertos, una proyección de abastecimiento para 60 o 70 años.

Sobre esta base se impulsará el consumo doméstico de gas natural, teniendo en cuenta, además de las consideraciones económicas, la finalidad social de llevar el combustible a todos los hogares del país y a precios accesibles. Al mismo tiempo, se impulsará el uso del gas como materia prima para la petroquímica, poniendo especial atención en la producción de fertilizantes para nuestra agricultura. Se tratará de radicar los productos industriales en las provincias donde se hallan los yacimientos, como modo de llevar desarrollo y fuentes de trabajo a esas regiones argentinas.

La expansión de la producción de carbón, a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales, es también un objetivo de este sector, con el propósito de utilizar ese combustible en las usinas de electricidad y sustituir así volúmenes equivalentes de petróleo.

Precisamente en el campo de la energía eléctrica es firme decisión de nuestro gobierno impulsar las obras de los grandes aprovechamientos hidroeléctricos como Alicurá. Piedra del Águila y el conjunto del complejo Alicopa, que deben rendir unos cinco mil megavatios de potencia. Está decidido también apoyar el proyecto de Yaciretá que permitirá ahorrar seis millones de metros cúbicos de petróleo por año. Asimismo, se llevará adelante el proyecto del Paraná Medio, destinado a generar treinta y cuatro mil millones de kilovatios / hora de electricidad, con un ahorro de once millones de metros cúbicos de petróleo por año, equivalentes, a valores actuales, a dos mil doscientos millones de dólares.

El manejo equilibrado de todo el sector energético, con las correspondientes perspectivas de exportación, contribuirá decisivamente al desarrollo armónico de toda la Nación. En este esquema ocupa su lugar la energía de origen nuclear, cuyas posibilidades se han ampliado con la reciente adquisición por el país de la tecnología de enriquecimiento del uranio.

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