Fernando De la Rúa Fernando De la Rúa
Nacido el 15 de septiembre de 1937, Córdoba, provincia de Córdoba.
Realizó estudios de secundaria en el Liceo Militar General Paz y a los 21 años se graduó en Derecho, igualmente con altas calificaciones, (con medalla de oro) por la Universidad de Córdoba. Posteriormente obtuvo el doctorado en dicho centro con una tesis sobre el recurso de casación en el Derecho argentino, dicha tesis fue publicada en varias ediciones (la última por editorial De Palma) y es una joya de la literatura jurídico penal argentina. Su hermano, Jorge De la Rúa, se especializó en derecho penal, siendo uno de los más grandes exponentes de esta rama del derecho en el país.
Afiliado desde su juventud al partido Unión Cívica Radical (UCR), concretamente a la UCR del Pueblo (UCRP, si bien en 1966 hizo suya la sigla original) de Arturo Illia, así llamada para diferenciarse de la facción Intransigente (UCRI) de Arturo Frondizi escindida en 1955, durante la presidencia del primero entre 1963 y 1966 sirvió como asesor en el Ministerio del Interior. Con anterioridad y posterioridad a este cometido, su actividad profesional se centró en la abogacía.
La carrera política de de la Rúa, católico practicante, tomó cuerpo de la mano de Ricardo Balbín, líder de la UCR desde 1957, y en abril de 1973 fue elegido senador federal por Buenos Aires. En las segundas elecciones presidenciales de aquel año, el 23 de septiembre, que confirmaron la mayoría social justicialista y repusieron a Perón en el poder tras 18 años en el exilio, integró como candidato a la Vicepresidencia la fórmula encabezada por Balbín, que obtuvo el 24,3% de los votos. Ejerció su mandato en el Senado hasta marzo de 1976, fecha del golpe militar que derrocó el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, viuda del general desde 1974.
A raíz del retorno del orden constitucional, de la Rúa optó, sin éxito, a la nominación del candidato presidencial de la UCR para las elecciones de octubre de 1983, que ganó Raúl Alfonsín, si bien consiguió ser elegido senador por segunda vez. Aunque en los comicios de mayo de 1989 revalidó su acta de legislador, hubo de cederla tras decidir el Colegio Electoral una reasignación de escaños en favor de las listas minoritarias. Le quitaron la banca ganada legítimamente en uno de los bochornos institucionales más vengonzosos de esos tiempos.
En 1991 fue elegido presidente del Comité capitalino de la UCR y en los comicios celebrados a finales de año ganó el mandato para la Cámara de Diputados, donde lideró el bloque radical, si bien dos años después retornó al Senado. Hito en su trayectoria política fue la elección, el 30 de junio de 1996 y con el 39,9% de los votos, como gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer administrador municipal elegido directamente por los bonaerenses. El 6 de agosto tomó posesión del puesto. Aquí comienza su gran actuación política dirigida a la Presidencia de la Nación.
La victoria en la populosa capital de la UCR, que se enfrentaba entonces a un declive electoral sin precedentes como consecuencia de la alianza en diciembre de 1993 entre el jefe del partido, Alfonsín, y el presidente peronista Carlos Menem para sacar adelante una reforma constitucional que permitiese la reelección del segundo al frente de la República, fue facilitada por el reciente conflicto interno en el Frente del País Solidario (Frepaso), pujante coalición que se había apuntado en la Capital Federal una serie de éxitos electorales.
El Frepaso surgió en diciembre de 1994 como una alianza de centro-izquierda, integrando a varios partidos de la izquierda y a disidentes del Partido Justicialista (PJ, peronista) de Menem y de la propia UCR que a su vez se ubicaba en el centro del espectro político, siendo el Frente Grande del popular Carlos Chacho Álvarez, antiguo peronista de tendencia socialdemócrata, el más importante de sus miembros. Así, la fórmula de José Octavio Bordón (que en febrero de 1996 iba a abandonar el Frepaso) y Chacho Álvarez rompió con el bipartidismo tradicional en las presidenciales del 14 mayo de 1995 y se situó por delante de la fórmula radical encabezada por Horacio Massaccesi, quien con el 17,1% del escrutinio registró la votación más baja del partido en toda su historia.
Como alcalde porteño, de la Rúa construyó una imagen positiva de político moderado y honesto, de impecables convicciones democráticas y buen gestor. Entretanto, la UCR, consciente de su debilidad ante la progresiva fuga de militantes a la coalición frentista, aceptó trabajar conjuntamente con el Frepaso para desplazar al peronismo del Gobierno Federal. Fruto de este acercamiento fue la creación el 3 de agosto de 1997 de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (ATJE), más conocida como simplemente la Alianza. De la Rúa realiza la gestión más importante que conociera la ciudad de Buenos Aires, contando con el apoyo de los personajes más sobresalientes de la política, el arte y la cultura.
Sumadas al proyecto otras formaciones menores progresistas y de ámbito provincial, la Alianza, presentando listas conjuntas en 14 de los 24 distritos electorales del país, se hizo en las elecciones del 26 de octubre de 1997 con un total de 107 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, a sólo 12 del PJ, si bien en cuanto a porcentaje de voto fue la primera fuerza con el 36,4% de los sufragios, dos décimas más que el partido de Menem. Además, la senadora frentista Graciela Fernández Meijide fue la cabeza de lista más votada en el distrito provincial de Buenos Aires, tradicional baluarte peronista, mientras que Carlos Álvarez hizo lo propio en la Capital Federal.
El 11 de agosto de 1998 de la Rúa, Alfonsín, Rodolfo Terragno (sucesor del anterior como presidente de la UCR en noviembre de 1995), Fernández Meijide y Álvarez comparecieron en una rueda de prensa para presentar la denominada Carta a los Argentinos, documento que resumía el programa aliancista y trataba de dar una imagen de unidad y de alternativa sólida al menemismo de cara a las elecciones generales de 1999.
De la Rúa y sus asociados se comprometían a reducir el desempleo a la mitad (esto es, al 7%), a relanzar el sistema educativo, a distribuir más equitativa la renta nacional y a luchar contra la corrupción; en suma, un programa fundamentalmente social que ofrecía respuestas en un terreno damnificado por las políticas neoliberales del peronismo en el poder.
La prueba de fuego de la Alianza se planteó en las primarias del 29 de noviembre de 1998, abiertas a los afiliados (votaron más de dos millones de argentinos) en un ejercicio de democracia intrapartidista inédito en Argentina, para la elección del candidato conjunto a las presidenciales, siendo de la Rúa, que el 6 de diciembre de 1997 había obtenido la nominación de la UCR, y Fernández Meijide los aspirantes. De la Rúa, menos carismático que la diputada y antigua activista pro Derechos Humanos, e identificado con el sector conservador del radicalismo, se impuso no obstante con el 63,3% de los votos.
Precisamente, estas presuntas carencias suyas -cautela, sobriedad, austeridad, monotonía- se revelaron como importantes virtudes a los ojos de un electorado deseoso de un cambio en el Gobierno de la nación, que durante la etapa menemista, aún reconociendo sus éxitos en la estabilización de la economía, había ofrecido una imagen excesivamente desordenada en la gestión de los recursos públicos, cuando no frívola y tolerante con la corrupción. El propio de la Rúa explotó su contrastado perfil con el eslogan electoral "La gente dice que soy aburrido".
Confirmando las predicciones de los sondeos, en las elecciones del 24 de octubre de 1999 la fórmula de la Rúa/Álvarez ganó holgadamente con el 48,5% de los votos a su rival justicialista, integrada por Eduardo Alberto Duhalde y el cantante Ramón Palito Ortega. En las legislativas parciales la Alianza se situó como la fuerza más votada con el 43,6% de los sufragios y, con 124 actas, superó por primera vez en la Cámara de Diputados al PJ en número de escaños, si bien no alcanzó la mayoría absoluta. La ventaja obtenida por de la Rúa en la provincia de Buenos Aires (donde vive un tercio del electorado nacional) fue decisiva para el resultado global, si bien el peso del peronismo allí se reflejó en la victoria de Carlos Ruckauf en la elección simultánea al puesto de gobernador.
El 10 de diciembre de 1999, un día después de entregar la gobernación de la Ciudad Autónoma a su segundo, Enrique Olivera, de la Rúa tomó posesión de su mandato cuatrienal en la jefatura de la nación, poniendo fin a una década de dominio peronista y situándose al frente del primer Gobierno de coalición en la historia del país. La UCR se quedó con 8 de los 10 ministerios, mientras que el Frepaso obtuvo las carteras de Trabajo y Acción Social.
Desde el día de la victoria en las urnas, de la Rúa había prodigado las declaraciones contundentes sobre el final de los privilegios del poder y advertencias de que la impunidad de los corruptos no sería tolerada más. Pero aparte las promesas de moralización de la vida pública y de dedicación a los desfavorecidos, el presidente tenía ante sí una situación económica delicada, con una recesión del 3,1% del PIB, provocada por la caída de las exportaciones agrícolas y manufactureras como consecuencia de la fortaleza del peso, y un déficit fiscal muy abultado, de 7.100 millones dólares, cuyo recorte drástico solicitaba el FMI para proseguir con su programa de ayudas. La deuda exterior se cuantificaba en los 145.000 millones de dólares.
En este sentido, de la Rúa se comprometió a mantener lo esencial de las políticas de mercado y cambiarias de Menem, con la vigilancia de la inflación -virtualmente aniquilada y de hecho negativa en aquel momento- como divisa, aunque recalcó que haría una defensa del peso, ajustado paritaria e inamoviblemente con el dólar por la Ley de Convertibilidad heredada de Menem, con lo que la posibilidad de dolarizar completamente la economía, planteada por aquel en el último tramo de su mandato, quedaba descartada.
El líder radical dijo estar dispuesto a aplicar un nuevo ajuste económico, consistente en subidas de impuestos, una mayor disciplina fiscal y recortes en los salarios de 140.000 trabajadores públicos (empezando por el suyo propio), pero esta vez terminando con las manifestaciones de latrocinio político-financiero y clientelismo, dando ejemplo moral a la sufrida ciudadanía desde la Casa Rosada.
El 29 de mayo de 2000, luego de asegurarse el diálogo con la poderosa central sindical peronista Confederación General del Trabajo (CGT), de la Rúa divulgó los contenidos de un duro paquete de austeridad con el objetivo de equilibrar el presupuesto para 2003, lo que no sacó a la calle a miles de trabajadores convocados por sindicatos minoritarios, así como a dirigentes del PJ y a activistas de partidos de extrema derecha y extrema izquierda. En las propias filas aliancistas se produjeron signos de descontento por la política técnicamente continuista de de la Rúa, todo lo cual revelaba un pronto desencanto en la sociedad argentina por las primeras disposiciones del nuevo Gobierno y auguraba futuros contratiempos.
El 30 de junio de 2000 de la Rúa dirigió en Buenos Aires su primera cumbre presidencial del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la XVIII de esta organización lanzada en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En este encuentro, el mandatario argentino propuso avanzar en la integración regional con una carta social, como complemento a la unión aduanera en el ámbito comercial.
El documento fue suscrito por sus tres colegas, así como por los presidentes de Bolivia y Chile, invitados a la cumbre. En un sentido general, de la Rúa consideraba perentorio avanzar aún más en la integración de las cuatro economías, ya que, como la recesión argentina estaba demostrando, las perturbaciones a la baja en los intercambios comerciales por coyunturas internas repercutían dramáticamente en la producción de los socios proveedores.
Chacho Álvarez en un acto desesperado de egoísmo y soberbia, el 6 de octubre, horas después de que de la Rúa hiciera una remodelación del Gabinete, presentó la dimisión. Álvarez negó que se tratara de la ruptura de la Alianza y dejó claro que el Frepaso seguiría trabajando con la UCR desde el Congreso.
En el cambio quedó fuera, por dimisión, Terragno como jefe del Gabinete; Santibañes mantuvo de momento su puesto y Flamarique cesó en el suyo, pero porque fue promocionado a secretario general de la Presidencia. Sin embargo, la dimisión de su jefe de partido al día siguiente le arrastró a él también. El 20 de octubre resignó a su vez Santibañes, sometido a fortísimas presiones.
El mandatario radical comenzó 2001 con todas las luces de alarma, económica, financiera y social, encendidas. La constatación de que el nuevo mandatario era incapaz de atajar la crisis, claramente estructural y consecuencia de una década de liberalismo a ultranza que no había creado verdadera riqueza nacional, y de regenerar los hábitos arraigados en el poder, hizo cundir un profundo pesimismo que testimonió la destrozada clase media, a la sazón votante tradicional de los radicales, con sus largas colas en las embajadas de Italia o España para obtener un visado que le permitiera abandonar el país.
Se habló de un retroceso histórico en la realidad socioeconómica de Argentina, una suerte de "latinoamericanización" de un país que durante décadas, gracias a la distribución de la renta nacional, poseyó unas extensas clases medias perfectamente homologables a las de las sociedades europeas desarrolladas. Los observadores apuntaron que si hacía una década lo que atemorizaba a los argentinos era la hiperinflación y el caos de los precios, ahora era la pérdida del empleo y el derrumbe del poder adquisitivo.
No había oportunidades de mejora material de los ciudadanos, pero para de la Rúa y su equipo de Gobierno (que no la dirigencia, escorada al izquierdismo, de la UCR) tampoco existían alternativas, excepción hecha de las concesiones populistas, al modelo menemista de ortodoxia liberal, a saber, la disciplina cambiaria y el compromiso con el pago de la deuda. El nuevo ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció un programa de austeridad consistente en más recortes del gasto público y el final de algunas exenciones fiscales, pero no vio la luz ante la contestación general suscitada en el país.
A mediados de marzo el presidente ofreció a la oposición un "acuerdo político nacional" que produjera un gobierno con poderes especiales para capear la crisis, pero el único partido que respondió positivamente fue la conservadora Acción por la República (ApR) de Domingo Felipe Cavallo, tercer candidato más votado en las presidenciales de 1999 y el ministro de Economía que en 1991 dio cerrojazo a la hiperinflación con su Ley de Convertibilidad. El 19 López Murphy dimitió a las dos semanas de su nombramiento y 24 horas más tarde le sucedió Cavallo, que el 29 fue investido por el Congreso, a regañadientes, de poderes especiales que de hecho le iban a permitir gobernar por decreto.
De la Rúa, depositó todas sus esperanzas en el famoso superministro, tan prestigiado como vituperado, que se disponía sacar al país de la recesión como una década atrás lo había hecho de la pesadilla inflacionaria. Dejando intocada su criatura legal, la convertibilidad entre el peso y el dólar, y con el nuevo instrumento de la Ley de Competitividad, Cavallo delineó un plan económico de talante estructural que pretendía controlar la evasión de capitales, disminuir los gastos públicos y suntuarios del Estado y aumentar los ingresos, a fin de recuperar liquidez y reducir la necesidad de refinanciación de la deuda exterior.
La reforma fiscal contemplaba alzas arancelarias sobre las importaciones de bienes de consumo de fuera del MERCOSUR y rebajas de las que gravan las importaciones de bienes de capital, teniendo como meta la erradicación del déficit público, previsto en 6.000 millones de pesos a fin de año. Todo ello, con la voluntad firme de asumir los compromisos financieros más urgentes, las amortizaciones de deuda a medio y corto plazo por valor de 4.500 millones de dólares hasta final de año, y de 17.000 millones más para 2002, a los que había que añadir otros 11.000 millones en intereses. De la Rúa y Cavallo dejaron claro que en lo sucesivo el Estado solo iba a gastar lo que recaudara y que no se iba a endeudar más; el débito consolidado, federal y provincial, ascendía ya a los 150.000 millones de dólares.
El 8 de junio de la Rúa se sometió a una operación de angioplastia en la arteria coronaria y en la calle el deterioro social proseguía imparable. La clase obrera se lanzó a una serie de huelgas y disturbios en protesta por los bajo salarios y las malas condiciones laborales. La bolsa de Buenos Aires, evocando el nerviosismo y la desconfianza de los inversores en las seguridades de Cavallo sobre que el peso no se devaluaría y que las deudas del Estado serían pagadas, registró desplomes sucesivos mientras que la prima de riesgo, que mide la confianza en la solvencia del país, se elevó hasta convertir a Argentina a los ojos de las instituciones financieras en el país del mundo más susceptible de suspender pagos, adelantando a Nigeria.
De semana en semana se conocían noticias negativas, como la declaración de quiebra de Aerolíneas Argentinas, que en un 90% controlaba el Estado español (21 de junio), y el fuerte descenso del índice interanual de recaudación tributaria. En julio se dispararon las retiradas de efectivo en pesos y las compras de dólares por los ahorradores.
De la Rúa exhortó al "esfuerzo patriótico" de todos los argentinos para salir de la dramática situación y afirmó que los defraudadores fiscales serían tratados "como criminales de la peor especie", pero sus enérgicos discursos a la nación fracasaron en aunar apoyos a un ejecutivo desprestigiado, agravándose a ojos vista la soledad política del presidente. Que en general se reconociera el hecho de que hubiese "tomado el relevo al frente del Titanic cuando ya estaba en trayectoria de colisión" no le eximía de censuras en un momento delicado que demandaba acciones resolutivas, tanto económicas como políticas.
Nuevos y desesperados llamamientos a la formación del Gobierno de unidad nacional cayeron en saco roto, pues los peronistas no estaban dispuestos a asumir una cuota de responsabilidad en disposiciones tan impopulares como el recorte en un 13% de los salarios de los funcionarios y de las pensiones de jubilación superiores a los 500 pesos. Incluso en la UCR, el ex presidente Alfonsín hizo gestiones particulares con los sindicatos, puenteando las iniciativas gubernamentales.
Un respiro fue el 30 de julio la aprobación por el Senado, tras un extenuante tira y afloja con los gobernadores provinciales peronistas, y con el respaldo de los dos principales inversores en Argentina, España y Estados Unidos, y de los agentes financieros internacionales, del plan de emergencia del Gobierno centrado en la denominada Ley de Déficit Cero, pero al precio de colocar al borde de la ruptura a la coalición oficialista -de todos modos ya más nominal que otra cosa- y a la propia UCR, y de sembrar la efervescencia en las calles.
En virtud a las últimas medidas adoptadas, De la Rúa y Cavallo afrontaron con optimismo las negociaciones con el FMI y otros proveedores de fondos para financiar la reestructuración de los adeudos. Una señal esperanzadora fue el anuncio por el FMI el 22 de agosto de su disposición a conceder un crédito de 8.000 millones de dólares, suplementario a los dos acordados desde diciembre de 2000 (de 40.000 millones y 20.000 millones), para respaldar las reservas internacionales y un nuevo canje de títulos de deuda pública.
El FMI advirtió que miraría con lupa la ejecución del durísimo plan de ajuste, el séptimo desde la toma de posesión de de la Rúa en 1999, y que a la Ley de Déficit Cero tendrían que plegarse tanto el presupuesto federal como, mediante un régimen fiscal de coparticipación reformado, los de las provincias, calificadas por este organismo de "fuente significativa de rigidez e ineficiencia en las finanzas públicas".
Las elecciones del 14 de octubre a la mitad de los diputados de la Cámara y a la totalidad de los senadores precarizaron más aún a de la Rúa al perder la Alianza la mayoría en la cámara baja: con el 37,4% de los sufragios, los justicialistas ganaron 66 de los 127 escaños en disputa frente al 23,1% y los 35 escaños obtenidos por los aliancistas, quedando el reparto final en 116 diputados para los primeros y 88 -si bien radicales la gran mayoría- para los segundos. En el Senado, la Alianza vio incrementada su minoría hasta los 25 escaños, 15 menos que el PJ. La Alianza perdió más de 20 puntos porcentuales con respecto a las legislativas de 1999, y, a tenor de las encuestas, si se hubiesen celebrado presidenciales por de la Rúa habría votado menos de la quinta parte de los electores.
La continuidad en el cargo de de la Rúa, primer mandatario argentino con las dos cámaras en contra, iba a depender de su entendimiento con el PJ. Pero no menos significativo fue el alcance del denominado "voto bronca", las papeletas nulas y en blanco, que sumaron el 21,1%; añadido al 26,3% de la abstención, resultó que los electores que de una u otra forma rechazaron los comicios se acercaron al 50% del censo, cifra sin precedentes e indicativa de la irritación y el hastío populares.
De la Rúa asumió el varapalo electoral como una demanda de cambio de rostros en el ejecutivo, pero la principal diana del descontento, Cavallo, siguió contando con su confianza. El primero de noviembre el ministro presentó al FMI un nuevo plan de reformas estructurales con el objetivo inmediato de rebajar los tipos de interés del peso para aliviar el coste de la deuda y poder liberar recursos para la reactivación económica. Asimismo, reiteró que Argentina "nunca" iba a dejar de pagar sus débitos, y acusó a las provincias de tener una alta responsabilidad en la debacle por la gestión populista de sus finanzas y a Brasil de ser un socio "desleal" en el MERCOSUR por las devaluaciones competitivas de su moneda, el real.
Aquel mes, la incapacidad de las provincias y el Gobierno Federal, que había suspendido las transferencias netas del Estado como consecuencia de la Ley de Déficit Cero, para renovar la coparticipación fiscal, retrasó la aplicación del octavo plan de ajuste y puso al país al borde de la suspensión de pagos, anulando lo que de positivo pudiera tener la obtención del primer superávit mensual, de 124 millones de dólares, en las cuentas del Estado.
De la Rúa anunció un plan de ahorro de 4.000 millones de dólares en el pago de los intereses de vencimientos de la deuda en 2002 mediante la reducción del 11% al 7% de los tipos de interés de los bonos, así como de descuentos en la cotización obligatoria y de devolución del 5% del IVA en compras minoristas con tarjeta de crédito, el cual presentó como un "nuevo contrato social entre el Estado y los argentinos", en respuesta "a sus reclamaciones en las últimas elecciones". El 8 de noviembre viajó con Cavallo a Estados Unidos para reunirse con el presidente George Bush y los inversionistas privados.
Esta batería de medidas sirvió sólo para calmar los mercados unas pocas horas, mientras que el FMI, escéptico, no se avino a adelantar los tramos de la ayuda acordada. Había una aguda crisis de confianza en las instituciones y la población se lanzó a los bancos a vaciar sus cuentas. La avalancha de reintegros en efectivo puso al sistema financiero al borde del colapso, induciendo el 1 de diciembre al Cavallo a decretar, con el respaldo pleno del presidente e invocando los poderes especiales otorgados por el Congreso, a decretar el estado de excepción monetario: todos los depósitos bancarios quedaban parcialmente inmovilizados durante 90 días; los ahorradores sólo podrían retirar en efectivo un máximo de 250 pesos o dólares a la semana, teniendo que usar tarjetas de crédito o débito y talones para operaciones de importes superiores, y los que viajasen al exterior sólo podrían llevar consigo un máximo de 1.000.
La draconiana medida, en vigor el 3 de diciembre, y conocida en la calle como el corralito, implicaba un primer paso hacia la dolarización, pues apuntaba a la transformación automática a dólares de los depósitos en pesos y la prohibición de conceder más créditos en esta moneda para evitar los ataques especulativos contra la divisa argentina. También suponía un golpe mortal a la economía sumergida, que sólo conoce el cobro y el pago en efectivo al margen del sistema financiero y en la que se mueve el 47% de los argentinos.
Los analistas calificaron la intervención monetaria de parche desesperado -en las 24 horas previas a su anuncio se habían cancelado depósitos por valor de 700 millones de dólares- que no disipaba los peligros de la suspensión de pagos y la devaluación, amén de abonar el desasosiego popular y de empeorar la recesión por el desplome del consumo y la actividad económica. Además, la Ley de Convertibilidad se apoyaba en una base ficticia, pues el Banco Central ya sólo contaba con la tercera parte de las reservas líquidas en dólares para garantizar los 10.000 millones de pesos en manos de los 37 millones argentinos.
Llegado a este punto crítico, al Gobierno de de la Rúa se le planteaban tres salidas para recuperar la confianza: dolarizar plenamente la economía renunciando al peso, lo que hundiría las perspectivas de una recuperación económica; romper la paridad y devaluar la moneda, con implicaciones gravísimas sobre particulares y empresas que se habían endeudado en dólares (la gran mayoría, ya que los tipos de interés del peso eran astronómicos), o recibir un préstamo de urgencia del FMI, posibilidad poco verosímil.
El 5 de diciembre, mientras el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelaban préstamos por 2.400 millones de dólares, de la Rúa aprobó una modificación para hacer más digerible la medida consistente en el aumento de los topes a 1.000 pesos/dólares en los reintegros de efectivo a la semana y a 10.000 en las cantidades expatriadas. El 6 de diciembre Cavallo reconoció que el país se hallaba en "virtual suspensión de pagos" y se trasladó de urgencia a Washington para negociar con el FMI, a la postre infructuosamente.
El 11 de diciembre siguieron nuevas restricciones sobre el dinero, la limitación a dos las cuentas corrientes por ciudadano y la retención por los bancos del 75% de los nuevos depósitos de sus clientes (coeficientes de cajas, para evitar transferencias masivas de una entidad a otra), abiertos por cientos de miles en pocos días para burlar las cortapisas del 3 de diciembre.
Los emplazamientos del presidente a los actores sociales y los partidos para que se sumaran a un pacto político nacional no prosperaron, toda vez que los sindicatos, inclusive las dos facciones de la central peronista Confederación General del Trabajo (CGT), consideraban inútil el diálogo con el ejecutivo en tanto siguiera en él Cavallo y se proponían derribarlo mediante movilizaciones y paros, y que ningún dirigente del PJ quería echar un capote a un presidente radical tocado y en minoría parlamentaria.
El 13 de diciembre la huelga general, la séptima del mandato de de la Rúa, contra las últimas medidas bancarias paralizó el país y estuvo acompañada de incidentes violentos en forma de hurtos de comercios, incendios provocados y choques con las fuerzas del orden público. Al Gobierno se le empezó a escapar de las manos el control del país y la asistencia del FMI no se concretó por la falta de acuerdo sobre el presupuesto federal equilibrado de 2002 y el pacto fiscal con las provincias.
El 14 venció deuda por valor de 700 millones de dólares y el Gobierno consiguió abonarla in extremis, y evitando declararse en bancarrota, con una fórmula harto alambicada: recurriendo a los fondos de pensiones de los ciudadanos gestionados a plazo fijo, previamente convertidos en letras del tesoro en lo que el propio Cavallo calificó de "confiscación". Entonces, el paro excedía el 18% y se estimaba que ya 14 de los 36 millones de habitantes vivían en la pobreza. Se esperaba una recesión acumulada a final de año de hasta el 3,5% del PIB.
La situación era explosiva y recordaba la víspera de los motines populares de mayo 1989, que adelantaron el final de mandato de Alfonsín. El temido estallido social prendió el 19 de diciembre, cuando cientos de personas, justificándose en que tenían que comer, se lanzaron al asalto de tiendas y supermercados en todo el país. Unas horas de saqueos y desmanes sumamente violentos bastaron para que el Gobierno en pleno presentara la dimisión y de la Rúa, que "aceptó" sólo la resignación de Cavallo, declarara el estado de sitio y la consiguiente suspensión de garantías constitucionales en aplicación del artículo 23 de la Carta Magna.
La Presidencia acusó a organizaciones extremistas de derecha e izquierda de atizar y manipular las algaradas con objetivo político, explicación convincente para el caso de algunas expresiones de vandalismo a cargo de guerrilleros urbanos. Pero a lo que se asistió fue más bien a una demostración espontánea de cólera y desesperación de una clase media del todo ajena a violencias que, por primera vez, se lanzaba a la calle por necesidad y para exigir la partida de sus gobernantes, en una rebelión sin precedentes contra toda una clase política sin distingos de siglas largamente tachada de demagógica, clientelista y corrupta. Buenos Aires se convirtió en una ciudad sin ley donde se instalaron el miedo y la confusión más absolutos.
El día 20 prosiguieron las caceroladas, los saqueos y los enfrentamientos, y la central sindical Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) mantuvo la convocatoria de huelga general de 36 horas en desafío a las medidas de excepción. De la Rúa, recluido en la Casa Rosada mientras en el exterior se libraba una batalla campal entre manifestantes y fuerzas del orden, se dirigió a la nación pidiendo a los revoltosos que depusieran la violencia y a la oposición justicialista que, "con valentía y patriotismo", se integrara en un ejecutivo de concentración nacional en el que dispondría de un alto poder de decisión para "reformar la Constitución y el sistema político".
La dirigencia peronista no respondió al envite, y en la tarde-noche de la Rúa compareció por tercera vez para notificar su dimisión después de firmarla para su remisión al Senado, abandonando acto seguido el palacio presidencial en un helicóptero que lo llevó a la residencia oficial de Olivos. La partida del político radical al cabo de 48 horas de caos que habían dejado 27 muertos en todo el país (la mayoría por disparos de dueños de establecimientos que los defendían de las hordas de saqueadores) principió una cadena de mudanzas en el poder ejecutivo que, a la postre, derivó en crisis institucional, la más grave en democracia conocida por Argentina.
Con de la Rúa, continuó, por tanto, la suerte de fatalidad que persigue a los presidentes argentinos radicales desde 1928, ninguno de los cuales ha conseguido agotar su mandato constitucional: Hipólito Yrigoyen en 1930, Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Ilía en 1966 fueron desplazados por sendos golpes militares, mientras que Raúl Alfonsín, como se apuntó arriba, hubo de acelerar el traspaso presidencial en 1989 a causa de la calamidad económica.
El
objetivo de esta página no es analizar (a tan corta distancia) esos dolorosos
acontecimientos que aquejaron al último gobierno radical. Eso se hará
con el tiempo. Lo cierto es que Fernando De la Rúa, fue jaqueado
por los mismos de siempre: las centrales obreras, los que hacen paro sólo
cuando hay un radical en el gobierno, y por el partido justicialista, que en
su voraz hambre de poder es capaz de cualquier cosa. Lo que más nos duele
es que los propios radicales también conspiraron contra el gobierno del
Dr. De la Rúa, la Historia los condenará. Para nosotros, Fernando
De la Rúa, sigue siendo nuestro presidente. A pesar que cualquier impresentable
ejerza hoy la presidencia interina.
Ver ¿Qué pasó el 20 de diciembre de 2001?, Texto inédito de Matías Bailone.
Ver Documento de Autocrítica de la U.C.R. Texto enviado por el Dr. Fernando De la Rúa, exclusivo
25 de Octubre de 1999
. Diario 'EL PAÍS' de España.
De la Rúa o el fin de los caudillos
El líder radical representa la irrupción de un tipo de político
sin el carisma de Menem o Alfonsín
F. R. / C. A
Buenos Aires
"Puede ser una sorpresa", decía a este diario un consejero
de Fernando de la Rúa, en víspera de las elecciones, para explicar
que, con el triunfo en la mano, el nuevo presidente estará obligado a
hacer transformaciones radicales, y para ello tiene en cartera algunos proyectos
de choque. "Le vota la clase media, las mujeres, los jóvenes...
Tiene que darles algún proyecto educativo descomunal. Vamos a asistir
a una revolución en educación como nunca se ha visto en Argentina.
Puede ser capaz de entusiasmar de nuevo a la sociedad".
Más allá de las expectativas sobre el próximo presidente
argentino, con la llegada de De la Rúa cambiará, de entrada, un
estilo de hacer política. Termina una época en la que el jefe
del Estado ha sido sinónimo del líder fuerte que ha proyectado
una imagen de caudillo todopoderoso. El nuevo presidente encarna otras maneras,
más cercanas a las de un tipo normal. Ni De la Rúa ni su rival
del Partido Justicialista (PJ), Eduardo Duhalde, soñaban con el liderazgo
absoluto; no están en condiciones; no son figuras de consenso capaces
de despertar el apoyo unánime en sus respectivas formaciones políticas.
Con todo, De la Rúa no debería sentirse débil dentro de
la Unión Cívica Radical (UCR), donde milita desde los 18 años
y que preside desde el año pasado.
Instalado en la Casa Rosada, tratará de sacudirse la sombra de Raúl
Alfonsín. Su relación con el veterano caudillo del radicalismo
no es fácil y nunca ha transitado por los caminos de la amistad. Al igual
que ocurrió con Alfonsín, la imagen de De la Rúa ha crecido
a medida que ha ido avanzando la campaña electoral. Si en 1989 Menem
representó la voluntad de cambio frente a un agotado Alfonsín,
esta misma voluntad la encarna hoy la Alianza, la coalición electoral
que encabeza De la Rúa, a pesar de que Duhalde haya intentado convertir
en patrimonio propio la consigna del cambio. Los electores entendieron que el
PJ representaba el continuismo.
Uno de los grandes retos que tiene De la Rúa es cumplir el compromiso
que ha reiterado a lo largo de la campaña electoral: combatir la corrupción.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo presidente
a la hora de investigar los delitos cometidos en las privatizaciones, los sobornos
multimillonarios, el mal funcionamiento de los organismos reguladores, la evasión
fiscal o las irregularidades en la aduana? El penalista Raúl Eugenio
Zaffaroni, director del centro anticorrupción creado por la Alianza,
asegura que no se ha sellado ningún pacto de impunidad con el Gobierno
saliente, que se investigará a los funcionarios de la etapa que termina
y que el brazo de la justicia podría llegar incluso hasta Menem. "Lo
que no habrá", subraya Zaffaroni, "es una caza de brujas".
El peronismo empezó a perder la elección hace dos años,
cuando Graciela Fernández Meijide y Carlos Chacho Álvarez, los
dirigentes más representativos del Frente para un País Solidario
(Frepaso), una coalición de partidos liderada por el Frente Grande que
habían fundado los disidentes peronistas, la democracia cristiana y los
socialistas, convencieron a los radicales representados por Raúl Alfonsín,
Fernando de la Rúa y Rodolfo Terragno de la necesidad de conformar en
principio una Alianza electoral para las parlamentarias de octubre de ese año
y, si funcionaba, consolidarla luego como una opción para las generales.
La sorprendente victoria electoral de entonces en la provincia de Buenos Aires,
cuando Graciela Fernández Meijide derrotó a la lista peronista
que encabezaba Chiche Duhalde, la esposa del gobernador, modificó la
relación de fuerzas dentro del peronismo.
El hasta entonces candidato natural Eduardo Duhalde perdió el pie en
el andar seguro hacia la sucesión de Menem. La investigación por
el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, que llevó
al suicidio al poderoso empresario Alfredo Yabrán, había enfrentado
ya a Duhalde y a Menem. Herido Duhalde por la derrota electoral de su esposa
y sin otro rival a la vista, el propio Menem comenzó a tejer la posibilidad
de una tercera reelección.
Los anuncios de Menem 1999 se siguieron pegando en las vallas de todas las ciudades
del país hasta hace un mes, cuando fueron reemplazados por los de Menem
2003, fecha en la que aspira retornar a la presidencia. En su búsqueda
de una argucia legal que le permitiera conseguir lo que la Constitución
le impedía, Menem dejó en piloto automático la Administración
del Estado y convirtió su despacho en una unidad básica, como
se llama a los locales partidarios donde se reúnen los militantes peronistas.
En mayo, cuando finalmente Duhalde logró que Menem le cediera la presidencia
temporal del partido y se lanzara definitivamente a la campaña en todo
el país, las encuestas indicaban una cierta paridad en la tendencia de
voto favorable a los dos principales candidatos. Pero Duhalde contribuyó
luego con sus propios errores a aumentar la diferencia que le distanciaba de
De la Rúa. La inseguridad de la provincia de Buenos Aires le estalló
en las manos con hechos que revelaron la indefensión de los ciudadanos
y el descontrol de la policía, sometida a la profunda reforma que llevaba
a cabo el ministro León Arslanián, ex presidente del tribunal
que condenó a las juntas militares de la dictadura.
El candidato peronista a la gobernación, Carlos Ruckauf, promovió
un discurso de mano dura que obligó a Duhalde a aceptar la renuncia de
Arslanián a la Secretaría de Seguridad y a sustituirlo a su vez
por un ex juez cuestionado por la Alianza, que tampoco duró demasiado
en el cargo. Cuando sólo faltaba poco más de un mes para las elecciones
generales, todo parecía ir en contra de la imagen pública de autoridad
que parecía mantener con aspiraciones al gobernador. Todo parecía
ir en contra. Y fue.
(c) EL PAIS, España. 1999.
De
la Rúa se proclama presidente de todos los argentinos al superar el 50%
de los votos
El líder de la Alianza opositora se compromete a acabar con la
corrupción y la impunidad
FRANCESC RELEA
Buenos Aires
Fernando de la Rúa, de 62 años, el candidato de la Alianza opositora,
fue elegido ayer presidente de Argentina en las elecciones que ponen fin a un
ciclo de 10 años de Gobiernos presididos por el peronista Carlos Menem.
Los resultados provisionales dan una victoria inapelable de De la Rúa,
con más del 50% de los votos, sobre el candidato del Partido Justicialista
(PJ), Eduardo Duhalde, quien ronda el 30%. En la provincia de Buenos Aires,
la de mayor importancia del país, la aliancista Graciela Fernández
Meijide, se encontraba en el escrutinio oficial por detrás del peronista
Carlos Ruckauf.
Los primeros datos oficiales en un lentísimo recuento, con apenas el
30% de los votos escrutados, confirman lo apuntado por las encuestas a pie de
urna. De la Rúa consigue el 50,7% de los votos (cinco puntos más
de los necesarios para resultar elegido presidente en la primera vuelta), frente
al 35% de Duhalde. El tercero en discordia, Domingo Cavallo, el padre del milagro
económico argentino, supera por siete décimas la barrera del 10%.
Desde las seis de la tarde (once de la noche peninsular), cuando se difundieron
los sondeos -en todos De la Rúa resulta vencedor por una diferencia superior
a los 16 puntos-, empezaron a congregarse los seguidores de la Alianza en el
centro de campaña para celebrar la victoria de De la Rúa. La euforia
de los aliancistas que tomaron literalmente el centro de Buenos Aires contrastaba
anoche con la imagen funeraria que reinaba en la sede del PJ. Duhalde tardó
varias horas en admitir la derrota, repitiendo con voz monocorde "hay que
esperar", cuando Menem ya había llamado por teléfono a De
la Rúa para felicitarle por su victoria y para preparar la transición
hasta el 10 de diciembre, fecha del traspaso de poderes.
Poco después de las nueve de la noche (hora local), Fernando de la Rúa,
compareció ante sus seguidores en la sede electoral. Relajado, feliz
y acompañado de su futuro vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez,
dijo. "Esperaba una declaración del justicialismo, pero como ésta
no se produce y siendo tan clara la tendencia, vengo a saludarles como presidente
electo". De la Rúa, que se declaró presidente de todos los
argentinos, anunció que iba a poner en marcha una nueva política
para favorecer la justicia. "Venimos a recuperar la dignidad de los argentinos",
dijo entre vítores. "Vamos a terminar con toda forma de corrupción
y cualquier manera de impunidad".
De la Rúa agradeció públicamente la vista de Ricardo Lagos,
candidato socialista chileno, que el 12 de diciembre se puede convertir en el
presidente de Chile.
El de ayer es, sin duda, el peor resultado del PJ en unas elecciones presidenciales.
Esto, sin duda, tendrá consecuencias inmediatas en el futuro de los que
han gobernado Argentina durante la última década. El senador Antonio
Cafiero, dirigente histórico del peronismo, abogó por "una
profunda renovación" y pidió que su partido ejerza "una
oposición que busque la gobernabilidad".
Duhalde tiene todos los puntos para ser el primer damnificado y su penitencia
inicial puede ser la pérdida de la presidencia transitoria del partido
que le entregó el congreso del PJ de agosto pasado. Carlos Menem está
más que preparado para recuperar ahora la dirección del partido,
desde el que trabajará para lo que realmente le interesa: la campaña
electoral del 2003, que es cuando por ley puede volver a presentarse a unas
presidenciales.
Las cinco gobernadurías
Ayer también hubo elecciones para la gobernaciones de otras cinco provincias.
En Chubut y en La Pampa, el PJ iba en cabeza, mientras que en Entre Ríos
y Mendoza gana la Alianza. En la provincia de Jujuy no había datos oficiales
al cierre de esta edición. Asimismo, se renovó la mitad de la
Cámara de diputados, donde se produjo un avance de la Alianza de las
mismas proporciones (16 diputados) que el retroceso del PJ. En las dos últimas
elecciones el PJ se alzó con el triunfo con el 47,30% de los votos (1989)
y el 43,02% (1995). La participación rondaba el 80%, según las
primeras estimaciones. En los últimos comicios la abstención fue
del 18%. Argentina registra tradicionalmente una alta participación -el
voto es obligatorio- que ha superado el 80% desde 1946.
Veinticuatro millones de argentinos, dos millones de ellos jóvenes que
votaban por primera vez, fueron convocados a las urnas. La jornada transcurrió
bajo un clima primaveral y con leves incidentes, como la demora en la constitución
de algunas mesas electorales o las denuncias de falta de papeletas.
El sábado, teórica jornada de reflexión, el todavía
presidente Menem sorprendió una vez más en una conversación
que mantuvo con la prensa en su residencia de Anillaco (La Rioja). "Llega
la hora de ser oposición", dijo. Acertó.
(c) EL PAIS, Madrid. 1999
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